Los mupis sobre la tasa de basura enfrentan al PP y al PSPV en Torrent

La publicidad instalada por el Ayuntamiento de Torrent en mupis sobre la tasa de basuras ha vuelto a confrontar a socialistas y populares en Torrent. La confrontación se inició a A raíz de un vídeo del concejal socialista Edu Gómez, advirtiendo que en Torrent la tasa llegaba a los 167 euros, no porque lo imponía el gobierno de Pedro Sánchez, sino porque lo habían aumentado desde el consistorio, y ponía como ejemplo la lista de lo que pagaban otros muncipios publicada por Levante-EMV, con Mislata al frente con el cobro de solo 25 euros.

El Partido Popular de Torrent ha mostrado su sorpresa ante las críticas del PSPV local a la campaña informativa puesta en marcha por el ayuntamiento para explicar a la ciudadanía la futura tasa de residuos, una obligación legal derivada de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno de España de Pedro Sánchez y la mayoría parlamentaria que lo sustenta.

Los populares recuerdan que esta normativa obliga a todos los ayuntamientos de España, con independencia del partido que gobierne, a implantar una tasa específica que cubra el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento de residuos, sin que pueda ser financiada mediante recursos generales del presupuesto municipal.

Con el objetivo de que los vecinos conozcan con transparencia el motivo de esta nueva obligación, el Ayuntamiento ha instalado mupis informativos en distintos puntos de la ciudad. En ellos se explica que la implantación de la tasa responde al cumplimiento de la legislación estatal e incorporan un código QR que dirige a la página web municipal, donde los ciudadanos pueden consultar preguntas frecuentes, información detallada sobre la normativa, bonificaciones municipales y resolver sus dudas.

Una exigencia derivada de la legislación estatal

El PP considera “llamativo” que el PSPV critique una campaña cuyo único objetivo es informar a la población sobre una obligación legal que afecta a todos los municipios españoles. A su juicio, resulta incomprensible que se cuestione que los ciudadanos conozcan el origen de una medida que no es una decisión del Ayuntamiento de Torrent, sino una exigencia derivada de la legislación estatal.

Desde el PP sostienen que la estrategia del PSOE pretende trasladar la idea de que la nueva tasa responde a una decisión de la alcaldesa, cuando la realidad es que todos los ayuntamientos del país deben adaptarse a la misma normativa. “Los vecinos de Torrent saben perfectamente que esta tasa también se está implantando en el resto de España, donde tienen familiares o segundas residencias y donde gobiernan partidos de todos los colores políticos, por lo que el PSOE no engaña a nadie”, señalan los populares.

Asimismo, el gobierno local rechaza las acusaciones socialistas sobre el uso de los mupis municipales y recuerda que la campaña actual tiene un carácter estrictamente informativo, destinada a explicar una obligación legal y facilitar información útil a los ciudadanos, no hay más información en esos mupis.

Cabe recordar que alcaldesa Amparo Folgado solicitó hasta tres veces por carta a Pedro Sánchez y una vez en persona, una moratoria de 3 años para los municipios afectados por la DANA, sin respuesta. En el propio Pleno del Ayuntamiento se aprobó solicitar esta moratoria al Gobierno y el propio PSPV votó a favor de solicitar esta moratoria. Desde el PP se esperaba que ahora los socialistas criticaran a su número 1 por no haber atendido a los municipios afectados por la dana

En este sentido, el ejecutivo municipal contrapone esta actuación con el uso que, a su juicio, realizó el anterior gobierno socialista durante la campaña de las elecciones municipales de 2023 con la difusión del denominado Plan Ficus, una iniciativa que, según sostienen, fue presentada mediante una intensa campaña institucional financiada con recursos públicos en pleno periodo preelectoral y que no tenía más objetivo que hacer la campaña de Jesús Ros con fondos públicos.

Para el gobierno de Amparo Folgado, informar con transparencia sobre el origen legal de la nueva tasa de residuos y ofrecer a los vecinos toda la información disponible “no solo es una obligación, sino un ejercicio de responsabilidad institucional”, insistiendo en que el Ayuntamiento se limita a cumplir una ley aprobada por el Gobierno de España y de obligado cumplimiento para todos los municipios.

Suscríbete para seguir leyendo