Paterna da 15 días a la conselleria a desalojar el centro de día o le impodrá multas de hasta 1 millón de euros

Ultimátum del Ayuntamiento de Paterna a la conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para desalojar la Residencia de Diversidad Funcional y Centro de Día ubicada en la carretera de Manises. El gobierno de Juan Antonio Sagredo ha iniciado un procedimiento sancionador contra el Institut Valencià d'Acció Social i Sanitat (IVASS) por continuar ocupando un inmueble municipal destinado a residencia y centro de día para personas con diversidad funcional pese a que la cesión que legitimaba su uso se revocó el pasado mes de mayo, en un pleno donde se rechazaron las alegaciones de la conselleria.

El Ayuntamiento de Paterna, a través de un decreto del pasado 7 de agosto firmado por la alcaldesa en funciones, Eva Pérez, da 15 días al IVASS para presentar alegaciones, y en caso de no desalojar, advierte que podrán imponerse sanciones de hasta 1 millón de euros.

El inmueble se encuentra en la carretera de Manises de Paterna y fue objeto de un acuerdo plenario en julio de 2025 para proceder a su reversión. El ayuntamiento argumentó entonces un incumplimiento parcial de las condiciones por parte de la Generalitat tras haber transcurrido el periodo máximo concedido, ya que se prometió que sería un gran centro de personas con diversidad funcional , y en la actualidad acoge a menores, también ha acogido a personas mayores, y en general ha sido usado como recurso asistencial por parte de la conselleria, incluso fue usado para atender a refugiados procedentes de Ucrania.

Tras no cumplirse con el objetivo para el que fue construido este edificio hace 20 años, conjuntamente entre el Ayuntamiento de Paterna y la Diputación de València, para albergar 38 plazas residenciales y 64 plazas en el centro de día, el consistorio en dicho pleno de julio también aprobó volver a incorporar el inmueble, tanto en el Registro de la Propiedad como en el Inventario Municipal de Bienes.

El recurso de la Generalitat fue desestimado

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda presentó un recurso de reposición contra aquel acuerdo de julio del 26. Sin embargo, el pleno del Ayuntamiento de Paterna desestimó el recurso en la sesión celebrada el 11 de mayo de 2026 y acordó solicitar a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública la reversión del inmueble cedido en 2021, al considerar que se habían incumplido las condiciones de plazo y finalidad de la cesión.

Pese a ello, el inmueble sigue siendo ocupado por el IVASS, que, según el ayuntamiento, carece ya de autorización o título habilitante para dicha ocupación al haberse extinguido la cesión.

El consistorio considera que esta situación podría constituir una infracción grave prevista en el artículo 192.2.c) de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que contempla la retención de bienes de dominio público una vez extinguido el título que permite su ocupación.

Hasta un millón de euros de multa

El expediente abierto por Paterna advierte al IVASS de que la infracción podría ser sancionada con una multa de hasta un millón de euros. No obstante, el propio decreto precisa que la cuantía deberá graduarse en función de las circunstancias del caso, entre ellas los daños causados, el valor del inmueble, la reiteración y el grado de culpabilidad.

El ayuntamiento ha concedido al IVASS un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, para reconocer voluntariamente su responsabilidad o presentar alegaciones y proponer las pruebas que considere pertinentes.

Injusticia para los paterneros

El gobierno local quiere acabar así con una situación de «injusticia para los paterneros», tal y como aseguró en el pleno de mayo. «No podemos permitir que, después de 20 años y una inversión millonaria, este edificio continúe sin cumplir la finalidad para la que fue impulsado», dejando claro que no se cuestiona la atención prestada a colectivos vulnerables en el edificio «sino el incumplimiento reiterado de las condiciones de cesión y la ausencia, tras dos décadas, del recurso residencial especializado comprometido para las personas con diversidad funcional de la ciudad. Es una falta de respeto hacia las familias con personas con diversidad funcional», sentenciaron desde el gobierno local en el pleno donde se rechazaron las alegaciones del Consell.

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