La Generalitat rechaza pagar más de 300.000 euros al Kolectivo Jóvenes del Parke pese a informes favorables

La Generalitat ha desestimado la reclamación del Kolectivo Jóvenes del Parke del impago de más de 300.000 euros por servicios prestados entre abril y noviembre de 2025, a pesar de las recomendaciones del Síndic de Greuges y un informe de la Universitat de València. Por ello, la entidad anuncia la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de la Comunitat Valenciana, reclamando los 317.606,45 euros de principal, los 20.000 de indemnización y los intereses legales meritados.

Desde el Kolectivo se ha analizado la contestación de la conselleria y concluyen que "no rebate el argumento central de la reclamación: que el servicio se prestó de manera efectiva e ininterrumpida durante todo el periodo reclamado".

"La respuesta de la administración se limita a enumerar una serie de incumplimientos formales —carencia de autorización de los locales, ausencia de prórroga expresa, deficiencias documentales— que, si bien pueden ser ciertos, no justifican legalmente la decisión de no abonar la totalidad de los servicios efectivamente prestados, especialmente cuando la causa de estas deficiencias fue una catástrofe natural (dana) y la propia administración supervisó y avaló la continuidad del servicio", matizan.

Instituciones independientes

Esta posición formalista choca con las conclusiones de dos instituciones independientes, como advierten. La resolución del 16 de junio de 2026 del Síndic de Greuges sugirió a la conselleria que reconsiderara la decisión. Ante la falta de respuesta, el pasado 28 de agosto calificó la actitud de la administración como “falta de colaboración” y publicó el incumplimiento de sus recomendaciones.

El informe de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universitat de València (18 de junio de 2026) concluye que la negativa de la Consellería “carece de base jurídica” y vulnera principios básicos del ordenamiento porque se ha seguido ningún procedimiento formal para suspender o resolver el concierto, que continúa vigente; el inmueble no es esencial en el contrato, ya que el objeto es la atención a menores vulnerables; Se vulnera la confianza legítima y la prohibición de ir contra actos propios; y se produce un enriquecimiento injusto, al haber recibido la Generalitat un servicio sin asumir el coste.

Una deuda reconocida y pagada parcialmente

En la reunión del 19 de diciembre de 2025, la Dirección Territorial de Servicios Sociales reconoció una deuda de 400.000 euros. Posteriormente, la conselleria abonó 96.083,55 de forma parcial, "lo cual demuestra que el servicio prestado fue considerado válido, pero pesar de esto, la administración se niega a pagar el resto alegando defectos formales que ella misma conoció y aceptar desde el inicio de la emergencia", argumentan desde el Kolectivo.

Según explican, los dos centros concertados, ubicados en Massanassa, quedaron inutilizados por la riada del 29 de octubre de 2024, uno de ellos reabrió en septiembre de 2025 y otro en el mes de diciembre, mientras que la actividad se mantuvo en locales provisionales en Alfafar, con la supervisión y las instrucciones de la conselleria.

Próximos pasos

Con la desestimación, el Kolectivo presentará en los próximos días recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de la Comunidad Valenciana, reclamando los 317.606,45 euros de principal, los 20.000 de indemnización y los intereses legales meritados.

Desde la entidad han declarado que la conselleria "no rebate el argumento central: que el servicio se prestó. Se limita a alegar defectos formales que no justifican el impago. El Síndic y la Universitat de València ya han dejado claro que la posición de la administración no se sostiene. No permitiremos que se beneficien de nuestro trabajo y de los recursos públicos destinados a la infancia más vulnerable. La vía judicial es el último recurso, pero lo haremos".

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