El Síndic de Greuges reprende al Ayuntamiento de Albal por no dar información sobre la ubicación de unos contenedores

El Síndic de Greuges reprende al Ayuntamiento de Albal por no facilitar información sobre la insalubridad de una isla de contenedores ubicada junto a la casa de un vecino que este mismo denunció. La institución afea formalmente la conducta del consistorio por no colaborar y por ignorar los derechos fundamentales de los afectados.

El conflicto se remonta a finales de 2025, cuando el vecino comenzó a presentar escritos ante el consistorio denunciando la ubicación de hasta siete contenedores y las molestias derivadas de su proximidad a escasos centímetros de la fachada de su vivienda. Tras varios meses sin obtener respuesta, el Síndic de Greuges admitió a trámite su reclamación y solicitó al ayuntamiento un informe sobre los criterios que justifican el emplazamiento de la isla de residuos, así como sobre las condiciones de salubridad y limpieza de la zona.

En su resolución, el Síndic concluye que el Ayuntamiento de Albal "ha dejado transcurrir holgadamente los plazos legales sin remitir el informe requerido", lo que constituye un incumplimiento del deber legal de colaboración. En esta línea, advierte expresamente a la corporación municipal de que la persistencia en esta "actitud obstaculizadora" dará lugar a su inclusión en el informe anual ante les Corts Valencianes, donde se identificará públicamente la identidad de las autoridades y personal responsable de la obstrucción.

Asimismo, la resolución recuerda a la Alcaldía su obligación legal de dictar respuesta expresa, motivada y congruente a todos los escritos y al recurso de reposición planteado, reprochando que la administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de sus deberes.

Lesión de derechos

El pronunciamiento del Síndic incide en que la colocación de estos dispositivos de recogida de residuos debe estar sujeta a un especial control para evitar la lesión del derecho a una vivienda digna y a un medio ambiente adecuado, garantizando condiciones estrictas de salubridad y control del ruido. Sin embargo, la investigación ha puesto al descubierto que la actuación municipal dista mucho de las exigencias legales.

La familia afectada ha acreditado que el Ayuntamiento negó la reubicación de los residuos el pasado 29 de junio amparándose en supuestos informes técnicos "que en esa fecha no existían", ya que el único documento remitido por la inspección se elaboró un mes después, el 23 de julio, "incurriendo en presuntas irregularidades de falsedad documental y prevaricación administrativa", como señalan.

Expediente municipal y denuncia en Fiscalía

El propio expediente municipal se ha acabado convirtiendo en la principal prueba de la insalubridad y de las falsedades que sufre la vivienda. En el informe redactado por el inspector se afirma que la isla de contenedores "ya existía en el anterior contrato (2013-2025) sin quejas sobre esta", una aseveración que los afectados califican de "rotundamente incierta, puesto que las imágenes históricas demuestran que el punto no se alojaba hasta el 2017 ningún recipiente y que hasta el 2022 sólo había dos, que se fueron ampliando progresivamente hasta llegar a ocho al desplazar contenedores de otras vías".

Asimismo, mientras el Ayuntamiento sostenía por escrito que los contenedores se lavaban por dentro quincenalmente y que se realizaba una limpieza semanal del entorno de la isla, la familia ha demostrado que no ha pasado ningún camión lavacontenedores en más de seis meses y que las limpiezas prometidas no se ejecutan. A ello se suma un grave defecto de infraestructura en la vía pública, ya que el tramo de acera carece de imbornal o desagüe, provocando que los baldeos de agua a presión (que se realizó después de denunciar la familia su incumplimiento) queden estancados bajo los recipientes mezclados con lixiviados y manteniendo incrustado el barro de la dana desde hace meses.

Los afectados también han denunciado la diligencia de la corporación municipal para reubicar contenedores en los entornos del domicilio del propio alcalde y de otros vecinos, "pero mantiene el castigo de la concentración de residuos a las puertas de un solo inmueble sin ofrecer respuesta jurídica formal".

Con la resolución del Síndic sobre la mesa, que concede al Consistorio un mes para informar si acepta sus recomendaciones, la familia afectada avisa de que el expediente ya está listo para ser trasladado a la Fiscalía Provincial de Valencia si el Ayuntamiento persiste en el silencio y no restituye la salubridad en la zona.

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