El teléfono no dejó de sonar ayer en la Asociación de Propietarios de Cumbres de Calicanto tras conocer la modificación de la ordenanza municipal que suprime a la Urbanizadora Calicanto S.A. y a la misma asociación como autoridades de la urbanización San Miguel, Cumbres y Santo Domingo. Entre las consecuencias de la modificación se encuentra la supresión de la obligatoriedad de pagar la tasa por el servicio de vigilancia privada de la urbanización que debía ser abonado por cualquier propietario de una parcela. Con la norma, además, se suprime la capacidad legal para decidir qué negocios pueden o no abrir en el área, para decidir sobre el vallado o para ejercer de árbitro entre propietarios. Ahora, esas funciones las pasará a ejercer el Ayuntamiento de Chiva.
Al menos, esa es la intención. El consistorio quiere con esta modificación terminar con la batalla vecinal entre la Asociación de Propietarios (a favor de la vigilancia) y la Asociación de vecinos (en contra) que llevan años enfrentados por lo que unos entienden como «necesidad» y otros como «imposición».
Ayer, tras conocer la noticia, la Asociación de Propietarios, a través de su abogado, Vicente Maz, hizo saber la disconformidad con esta modificación. Más bien la «indiferencia», ya que a su parecer la norma municipal no cambia de facto la obligatoriedad de acarrear con los gastos de vigilancia. Según explicó Maz, una vez esta causa fue a juicio entre las dos asociaciones de vecinos, la Audiencia Provincial de València resolvió en 2016 que los demandantes de Santo Domingo y San Miguel (los vecinos contrarios al servicio), estaban obligados a pagar las cuotas, incluyendo la vigilancia privada. Según la resolución judicial, «el servicio de vigilancia y seguridad privada en absoluto puede ser considerado una prestación divisible» como así lo había entendido el Juzgado de Primera Instancia número dos de Torrent. Además, «resulta necesaria y muy conveniente dado el aislado entorno geográfico de que se trata». Ayer, el abogado de los propietarios remitió a esta sentencia y aseguró que la Justicia y sus resoluciones están por encima de las normas municipales. «Mientras no se disuelva la Asociación de Propietarios, se debe pagar la tasa», apuntó el letrado.
Dar la vuelta a las sentencias
Mientras, el concejal de Urbanismo, impulsor de esta modificación, Manuel Clemente, defendió que todas las competencias son ahora responsabilidad del ayuntamiento de Chiva «y el juzgado valorará los certificados de nuestros servicios jurídicos y de la modificación del Plan Parcial de Calicanto; en base a eso se le dará la vuelta a las sentencias», concluyó.
