La Fiscalía de València ha dado vía libre al juzgado de Instrucción número 1 de Requena para que abra juicio oral contra el alcalde de Chiva, Emilio Morales (Compromís), las concejalas Cristina Suárez y Diana Oliva (Compromís y Más) y los dos de Vinchi (Vecinos Independientes de Chiva) Fernando Casanova y Joaquín Furriol, por las productividades recibidas por funcionarios y funcionarias del ayuntamiento desde hace más de una década. Los complementos salariales abonados a casi medio centenar de empleados públicos fueron cuestionados en 2016 por la Secretaría e Intervención del ayuntamiento con informes desfavorables, pero se siguieron abonando cada mes.
La Fiscalía de València emitió ayer una notificación en la que desestima el recurso de reforma interpuesto por los dos ediles de Vinchi contra la sentencia del 12 de julio del Juzgado de Requena. El mismo recurso fue interpuesto por los tres representantes de Compromís y Más, que también ha sido desestimado. El Ministerio Público avala la apertura de juicio oral por parte del juzgado al considerar que «el grado de participación de los imputados en tales actuaciones es cuestión que será objeto de debate en el acto del juicio oral». Fue la jueza de Requena la que trasladó a la Fiscalía y a las acusaciones el procedimiento abreviado para que solicitara la apertura de juicio oral.
Ahora, todos ellos disponen de cinco días para presentar otro recurso ante la sección 4 de la Audiencia Provincial de València.
La querella la interpuso el exalcalde del PP, José Manuel Haro, pocas semanas antes de las elecciones municipales de 2019, contra todos los cargos públicos que formaron parte de la junta de gobierno entre 2015 y 2019. Sin embargo, para EUPV, la tercera pata del pacto entre Compromís y Más y Vinchi, la jueza dictó el sobreseimiento ya que el partido votó en contra del abono de estos complementos salariales cuando en 2016 saltaron las alertas de forma reiterada, y han solicitado en diversas ocasiones regular estos complementos salariales.
En estos momentos se calcula que hay 1,5 millones de euros retribuidos a los funcionarios y funcionarias con reparo de legalidad.
Los delitos en los que podrían haber incurrido por el sentido del voto favorable al abono de estas cantidades son la malversación de caudales públicos y prevaricación.
