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El Consell diseñará un plan de reactivación del Valle de Ayora-Cofrentes por el futuro cierre de la central nuclear

Salvo Ayora y Cofrentes con poblaciones en torno a los 5.000 y los 1.000 habitantes, el resto de municipios no alcanzan los 1.000 habitantes.

Central nuclear de Cofrentes

La Generalitat, en el marco de sus políticas contra la despoblación, diseñará un plan de reactivación económica para el Valle de Cofrentes-Ayora para preparar el futuro cierre de la central nuclear de Cofrentes, previsto para noviembre de 2030.

La secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra la Despoblación, Elena Cebrián, ha anunciado que se va a constituir un grupo de trabajo, dentro de la Comisión Interdepartamental para la Lucha contra la Despoblación, para “comenzar a diseñar un plan específico de reactivación y diversificación para la comarca” cuya economía se apoya actualmente en gran medida en la central.

Según ha aseverado la secretaria autonómica, “debemos adelantarnos al cierre y comenzar a preparar estas actuaciones, pensando en el territorio y en las oportunidades que tienen que abrirse a partir de ahora, sobre todo para la población más joven”.

En este grupo de trabajo Cebrián ha avanzado que estará presente la Conselleria de Economía, con la participación de la Secretaría Autonómica de Labora, así como la Secretaría Autonómica de Turismo entre otros departamentos del Consell, pensando en una mirada transversal y coordinada.

Con una economía que se sustenta principalmente en torno a la central, la comarca valenciana del Valle de Cofrentes-Ayora está incluida dentro de los municipios AVANT, en riesgo de despoblación. Salvo Ayora y Cofrentes con poblaciones en torno a los 5.000 y los 1.000 habitantes, el resto de municipios, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Zarra, no alcanzan los 1.000 habitantes.

La fecha de clausura de la central está en línea con el protocolo aprobado respecto al calendario de cese de explotación para las centrales nucleares españolas en funcionamiento y con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030). Ese protocolo contempla el cierre ordenado del parque nuclear entre 2027 y 2035.

Más de 100 actuaciones

Asimismo, Cebrián ha destacado que en la última reunión de la Interdepartamental para la Lucha contra la Despoblación, celebrada esta semana en la sede del Consell en Castellón, se han analizado “más de un centenar de medidas que ya están en marcha” y que forman parte del informe de actuaciones del Consell para la lucha contra la despoblación, en el que se está trabajando.

Cebrián, que estuvo acompañada por la directora general de AVANT, Jeannette Segarra, ha asegurado que estas actuaciones demuestran la importancia de esta política para el Consell y la implicación de la Generalitat en la lucha contra la despoblación.

Para Cebrián, estas actuaciones responden de forma específica a las demandas de la sociedad valenciana que reside en el interior de la Comunitat, a través de programas concretos como el Fondo de Cooperación Municipal Contra la Despoblación, que este 2022 se ha incrementado hasta los 4 millones de euros, el Reviu, el Itinerant, el Punts Nets AVANT o la Ruta 99. A estos proyectos se suman, según la secretaria autonómica, las actuaciones desarrolladas en todas las conselleries, en cuyas políticas se ha incluido ya “una mirada hacia el interior” y sus especificidades.

Ley Integral contra la despoblación

Respecto al Anteproyecto de Ley Integral contra la Despoblación, Cebrián ha manifestado su satisfacción por la alta participación de la ciudadanía durante el proceso de consulta pública previa, realizado en las últimas semanas y que continúa abierto hasta el 6 de mayo en la página web “GVA participa”.

Este periodo de consulta preceptivo constituye el inicio del expediente para la elaboración del texto normativo con el que se pretende garantizar, mediante rango normativo de ley, una coordinación efectiva entre las políticas del Consell, e impulsar acciones que permitan garantizar la cobertura de prestaciones básicas, el acceso a servicios públicos fundamentales y la igualdad de oportunidades en todo el territorio.

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