La Agencia Antifraude ha publicado las conclusiones sobre una denuncia anónima contra el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria de Chiva. El organismo de la Generalitat que dirige Joan Llinares explica en un extenso documento publicado en su portal web que el consistorio debe "liquidar el contrato de concesión del servicio de recogida selectiva, transporte, valorización y eliminación de residuos urbanos y limpieza viaria suscrito en 2008 a la mayor brevedad posible".
Se trata de un servicio que tenía una duración de 10 años, hasta 2018, y que se prolongó durante uno más, hasta 2019. Desde entonces, se le mantiene el contrato a la misma empresa abonando mensualmente el coste de ese servicio sin tener un contrato en vigor, "que se factura con reparos de la intervención y se firman por el concejal delegado".
En este caso, se trata de Fernando Casanova, concejal de Contratación y del partido Vinchi quien rubrica este servicio pese a las advertencias de Intervención y de la Secretaría Municipal. Del mismo partido es Joaquín Furriol, el edil de Residuos Sólidos Urbanos y uno de los encargados de redactar la nueva contrata, que se publicó a finales de febrero de este año. Se trata de un dato que Antifraude afea, ya que "desde mayo de 2019 hasta el mes actual han transcurrido aproximadamente 2 años y 9 meses, sin que se haya regularizado la situación actual", señala el informe.
Durante ese tiempo ya sin contrato vigente, la agencia valenciana explica que el coste de los servicios han costado a las arcas públicas un total de 2,1 millones de euros hasta febrero de 2021, por lo que ahora, siete meses después, la cantidad habrá aumentado ya que en estos momentos sigue sin haberse adjudicado el contrato de limpieza nuevo. El pleno de Chiva lo aprobó en febrero, pero solo unos meses después se convocó uno de urgencia para paralizarlo al existir cláusulas conflictivas que fueron cuestionadas por las empresas participantes. Entre otras, exigían que el Plan de Igualdad que la concejalía evaluaba a las compañías que se presentaban valiera 5 puntos cuando no se trata de un documento obligatorio para las mercantiles.
Así las cosas, una vez subsanados esos errores, el contrato volvió a ser publicado en la Plataforma de Contrataciones del Estado y ahora se encuentra en el periodo de licitación, que aún podría prolongarse durante varios meses.
Falta de control
En la investigación publicada por Antifraude, los técnicos también advierten que la denuncia presentada hacía alusión a la "presunta existencia de conductas contrarias a los principios y normas que regulan la normativa de la contratación pública en relación con este servicio".
Entre otras, la agencia constata "que no se ha designado inspector del servicio ni responsable municipal encargado de la inspección, control y fiscalización de la prestación del servicio [...] a pesar de los regulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAP)". También queda plasmado que "las facturas relativas al servicio, además de constar el detalle por conceptos, no se encuentran conformadas por empleado público, sino únicamente por responsable político, sin tener en cuenta la ejecución de los respectivos presupuestos y a pesar de las observaciones realizadas por la intervención al respecto".
Según se detalla, tampoco existe "un encargo previo de servicios específicos en relación con los servicios extraordinarios" ni tampoco "informes del inspector del servicio a los efectos de conformidad de las facturas, según lo regulado en la cláusula 8 del PCAP".
El precio se ajusta al mercado
El informe también explica que se solicitaron los informes pertinentes a los ingenieros industriales «a efectos de constatar que las prestaciones se ajustan al precio de mercado», como así sucede. Sin embargo, estos técnicos «no informan sobre la efectividad de los trabajos realizados; más bien el ingeniero industrial indica que no se tiene constancia de su justificación» y tampoco existe «informe técnico del departamento correspondiente acreditativo de la prestación del servicio».
