Antifraude ratifica las irregularidades en la plaza que el alcalde socialista de Cortes de Pallás adjudicó a dedo al PP

La Agencia Antifraude ha ratificado en un escrito del 19 de diciembre las "irregularidades y vicios de nulidad" en la tramitación de la plaza pública que se adjudicó a la exconcejal del PP, Pilar Navarro, en 2020, y pide iniciar una revisión de oficio de esta convocatoria pública a la que solo se presentó ella. El concurso lo motivó el entonces el alcalde socialista, Fernando Navarro, y tal como señaló Eldiario.es entonces, todo apunta a que sería una recompensa para que la popular no pactara con Compromís y presentaran contra él una moción de censura.

Una denuncia anónima llevó a la Agencia Antifraude esta plaza pública a la que accedió en agosto de 2020 y por la que ha cobrado 2.609 euros al mes en un municipio en el que no viven más de 800 personas. El órgano que dirige Joan Llinares también aprecia fraude de ley, ya que el contrato que se le realizó para desempeñar las funciones de 'Gestor de Contratación, A1', deben ser de un contrato permanente y estructural, y no temporal y por obra y servicio como se realizó.

Por último, pide instruir expedientes para valorar "la exigencia de posibles responsabilidades de las autoridades y personal que hubieren consentido la contratación laboral fraudulenta". En concreto, señala al entonces alcalde, Fernando Navarro, pero también a los siguientes, de estar consintiendo esta actuación.

La creación de una plaza pública para la concejala no evitó que la moción de censura prosperara entre los ediles que quedaban en el consistorio. Así, PP y Compromís se aliaron en un pacto por el que primero gobernó David Herrera (ex de Compromís) y después, David Gras, el actual primer edil, del PP.

Entre los fallos en el procedimiento que la agencia ha detectado figuran que las bases del proceso selectivo no se tramitaran electrónicamente y que cuente como mérito estar empadronado en Cortes de Pallás. En este punto, Antifraude recuerda que son numerosas las sentencias que se pronuncian declarando "nula" su utilización. Además, destaca que las titulaciones obligatorias son "perfectamente" coincidentes con las que Pilar Navarro tenía, y que no están relacionadas con las funciones del puesto, "evidenciando una posible desviación de poder". Además, tampoco consta ningún sello de registro de entrada en la solicitud de participación en el proceso selectivo.

Estas conclusiones ratifican las publicadas en marzo de 2022. Sin embargo, se abrió entonces un plazo temporal para que la implicada, Pilar Navarro, pudiera presentar alegaciones a esta resolución y así lo hizo. Asegura que no saber quién la ha denunciado -las denuncias en Antifraude pueden ser anónimas - le produce "indefensión" y cuestiona que la Agencia se base en una noticia aparecida en un medio de comunicación para iniciar una investigación. "No saber con exactitud la persona denunciante, por la especial protección que la ampara, me genera gran inquietud, porque no me puedo defender de quién se ampara en la oscuridad para dar rienda suelta a inquinas personales", señala la implicada en su carta.

Lamenta también que la Agencia Antifraude, compuesta por funcionarios locales, "no tengan medidas de control, ante denuncias que a todas luces se realizan con un único objetivo de venganzas personales, como suele ocurrir en los municipios", dice. Además, asegura que otras plazas públicas del ayuntamiento también han contado el empadronamiento como un mérito y estudios concretos par ala plaza solicitada.

Se trata de unas alegaciones que Antifraude rechaza de pleno y va respondiendo un argumento tras otro, hasta ratificar las conclusiones de marzo: se trata de una plaza que debería ser revisada de oficio y convocada como es debido de forma pública, en una convocatoria que cumpla con todas las garantías legales.

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