Colonia felina
Alimentadoras de colonias felinas logran frenar una licitación pública en Chiva
La medida cautelar responde a la preocupación por posibles perjuicios de "difícil o imposible reparación" en la contratación de servicios de bienestar animal.

Colonia felina en una imagen de archivo / Perales Iborra

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha acordado la suspensión cautelar del procedimiento de contratación promovido por el Ayuntamiento de Chiva para la prestación de servicios vinculados al bienestar animal, después de los recursos especiales interpuestos por varias ciudadanas relacionadas con el cuidado y gestión de colonias felinas.
Ocasionar perjuicios de "difícil o imposible reparación"
En la resolución emitida el 14 de mayo de 2026, el Tribunal considera que la continuación del procedimiento podría ocasionar perjuicios de "difícil o imposible reparación", motivo por el que decide paralizar temporalmente la licitación mientras analiza el fondo del recurso.
Anque la resolución definitiva todavía está pendiente, la medida supone un hecho significativo, especialmente porque la iniciativa no ha sido impulsada por grandes empresas del sector, sino por personas implicadas directamente en la protección animal y en la gestión diaria de colonias felinas.
Las recurrentes cuestionan distintos aspectos de los pliegos de contratación, entre ellos posibles limitaciones a la libre competencia y determinadas condiciones que, según consideran, podrían restringir injustificadamente la participación de otros profesionales y entidades.
Desde el entorno de las impulsoras del recurso destacan que esta suspensión refleja la capacidad de la ciudadanía organizada para fiscalizar procedimientos públicos cuando existen dudas sobre su planteamiento.
“Muchas veces quienes están sobre el terreno viendo la realidad de los animales son precisamente las alimentadoras, voluntarias y personas que llevan años sosteniendo esta situación sin apenas recursos. Esta resolución demuestra que la ciudadanía no tiene por qué quedarse inmóvil”, señalan.
Según explican sus promotoras, este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de crear estructuras capaces de documentar, visibilizar y combatir situaciones relacionadas con el bienestar animal, la contratación pública y posibles irregularidades administrativas, desde una perspectiva técnica y apoyada en herramientas legales.
"La suspensión cautelar ya supone una pequeña victoria colectiva"
"Todavía queda recorrido jurídico y el recurso no está resuelto definitivamente, pero esta suspensión cautelar ya supone una pequeña victoria colectiva para muchas personas que durante año han sentido que no tenían herramientas para actuar", afirman.
Las impulsoras confían en que este caso anime a más ciudadanos y asociaciones a "ejercer sus derechos, reclamar transparencia y utilizar las vías legales y administrativas disponibles cuando consideren que el interés público o el bienestar animal pueden verse comprometidos".
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