Chiva defiende la legalidad del contrato de recogida de animales tras la suspensión cautelar

El Ayuntamiento de Chiva ha salido al paso de la polémica generada en torno al nuevo contrato del servicio de recogida de animales, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) acordara la suspensión cautelar del procedimiento tras los recursos presentado por varias personas vinculadas a la gestión de colonias felinas.

Desde la concejalía de Bienestar Animal defienden que el proceso se ha desarrollado "con plena seguridad jurídica, criterios técnicos adecuados y todas las exigencias de bienestar animal previstas en la normativa vigente", al tiempo que insisten en que ha existido diálogo previo con las alimentadoras y personas implicadas en el cuidado de gatos comunitarios.

El concejal de Bienestar Animal, Enric Roig, asegura que "se han mantenido diversas reuniones con las alimentadoras para recoger inquietudes y propuestas que pudieran incorporarse al objeto del contrato". Según explica, fruto de esos encuentros "se han recogido los requerimientos expresados por las participantes para que fueran tenidos en cuenta en los criterios técnicos exigidos en el procedimiento administrativo".

"Ha habido un proceso participativo previo"

El consistorio sostiene así que el procedimiento ha contado con un proceso participativo previo en el que se debatieron distintas alternativas y se incorporaron propuestas respaldadas por buena parte de las alimentadoras que participaron en las reuniones.

Este posicionamiento municipal llega días después de que este medio publicara la decisión del TARC de paralizar cautelarmente la licitación al considerar que la continuación del procedimiento podría ocasionar perjuicios de “difícil o imposible reparación” mientras se estudia el fondo de los recursos presentados por varias ciudadanas relacionadas con la protección animal y la gestión de colonias felinas.

Las recurrentes cuestionan distintos aspectos de los pliegos, entre ellos posibles limitaciones a la libre competencia y determinadas condiciones que, a su juicio, podrían restringir la participación de otros profesionales o entidades. Desde el entorno de las impulsoras del recurso defendían además que la suspensión cautelar representa “una pequeña victoria colectiva” y pone de relieve la importancia de la fiscalización ciudadana en los procedimientos públicos relacionados con bienestar animal.

Objetivo avanzar en la implantación del método C.E.R.

Frente a esas críticas, el ayuntamiento insiste en que uno de los objetivos centrales del contrato es avanzar en la implantación del método C.E.R. (captura, esterilización y retorno), siguiendo la directriz técnica elaborada por la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para la gestión ética de poblaciones felinas.

Según la concejalía, este sistema permite capturar, censar, identificar, esterilizar y devolver a los gatos a sus colonias “con el menor impacto posible y con pleno respeto al bienestar animal”.

El consistorio también recalca que la tramitación del contrato se ha realizado conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y recuerda que la interposición de recursos especiales contra los pliegos forma parte de los mecanismos previstos legalmente. La suspensión cautelar decretada por el tribunal, añaden, se mantendrá hasta que el órgano administrativo resuelva definitivamente sobre el fondo del asunto.

Mientras tanto, el consistorio asegura que seguirá defendiendo “la transparencia, la legalidad y la correcta prestación de un servicio esencial” vinculado al bienestar animal en el municipio.

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