Zarra insiste en que la planta de residuos sigue su tramitación y apela a la “serenidad” en medio de la preocupación vecinal

El Ayuntamiento de Zarra ha vuelto a pronunciarse sobre la posible instalación de una planta de tratamiento de residuos no peligrosos en el término municipal, un proyecto que continúa generando inquietud en el Valle de Ayora-Cofrentes y que ha reactivado el debate social en la comarca.

En un nuevo comunicado, el consistorio recuerda que el expediente no es reciente y que su tramitación "se inició en 2017", cuando se otorgó compatibilidad urbanística sobre suelo privado. En este sentido, insiste en que "no es un proyecto impulsado por el actual equipo de gobierno, sino un procedimiento ya iniciado en anteriores mandatos", tal y como ya había explicado el alcalde, Raúl Martínez, en declaraciones anteriores a Levante-EMV.

Continúa la preocupación

El debate sobre la planta ha ido creciendo en las últimas semanas, especialmente tras la publicación de la solicitud de autorización ambiental, lo que ha despertado la preocupación de colectivos como Pronto Auxilio Ayora, que alertan del impacto ambiental, el aumento del tráfico pesado y el riesgo de incendios en una zona próxima a masa forestal. La asociación ya advirtió de que este tipo de instalaciones “han registrado fuegos en otros puntos de España” y alertó de las consecuencias de un posible incendio de grandes dimensiones en el entorno.

En ese contexto, el ayuntamiento subraya que ya informó públicamente del estado del procedimiento el pasado 11 de junio en la Casa de la Cultura, en un encuentro con vecinos y vecinas, y que ahora vuelve a explicar la situación "dado que la preocupación sigue presente en el municipo y en el Valle de Ayora-Cofrentes".

La Generalitat determinará su viabilidad ambiental y territorial

El consistorio insiste en que se trata de una iniciativa privada en tramitación y que actualmente es la Generalitat Valenciana quien debe determinar su viabilidad ambiental y territorial. "En estos momentos, el expediente está siendo evaluado por la Generalitat Valenciana, administración competente para determinar su viabilidad ambiental, territorial y sectorial", recoge el comunicado.

El alcalde, Martínez, ya había señalado en declaraciones a este diario que el proyecto sigue pendiente de informes autonómicos y que el técnico municipal deberá evaluar su encaje legal, "no moral", una frase que ha marcado el debate público en torno a la instalación. También había advertido de que el ayuntamento se encuentra limitado por el marco normativo y que una negativa sin base jurídica podría acarrear consecuencias legales y económicas.

En el nuevo comunicado, el equipo de gobierno refuerza esta idea al advertir de que una resolución contraria a los informes técnicos o "sin suficiente base legal podría derivar en reclamaciones patrimoniales con impacto directo en las arcas públicas y, por extensión, en el conjunto de la ciudadanía zarrina".

Asesoramiento jurídico

El consistorio defiende que está analizando el expediente con asesoramiento jurídico y técnico especializado y subraya que cumple con las obligaciones de transparencia, recordando que cualquier publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana forma parte del procedimiento autonómico.

Además, el ayuntamiento apela a la calma y al respeto en el debate público, señalando que se trata de un asunto "sensible", que remueve episodios del pasado y que afecta a la convivencia en el municipio. En este sentido, pide evitar la confrontación y "cualquier intento de división social o utilización interesada del debate".

El comunicado concluye llamando a la confianza en las instituciones y en el marco legal vigente mientras el expediente continúa su tramitación en la Generalitat, sin que por el momento exista una decisión definitiva sobre la autorización del proyecto.

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