Lluís Calatayud, delegado de Anpier en la Comunitat Valenciana, denuncia una «estafa» institucionalizada, todavía pendiente de resarcimiento, a las más de 62.000 familias pioneras que dieron los primeros pasos en el desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica en España.
En este sentido, alega recortes generalizados en la subvención de producción por hora, así como la atribución de un índice de rentabilidad «inventado». Ítems que someterán a debate el próximo lunes, 23 de mayo, en el encuentro «Presente y futuro de la fotovoltaica en la Comunitat Valenciana» a las 17:00 horas en la Sala Ausiàs March de la Fundación Bancaja.
P: La apuesta por la sostenibilidad parece perfilarse como la única opción viable para asegurar un futuro óptimo de forma transversal. ¿Qué función ejerce la energía fotovoltaica en esta transición?
R: La energía fotovoltaica es muy necesaria. Empezó siendo muy costosa hace 15 años, aproximadamente, cuando cerca de 62.000 familias apostaron por ella obedeciendo al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Invirtieron en energía fotovoltaica a unos precios astronómicos marcados por el mercado, ya que la tecnología requerida era muy cara. Sin duda, es necesaria e imprescindible y la solución a los problemas que tenemos como sociedad.
P: ¿Cómo valora la cooperación en la inversión pública y privada del denominado «proceso de maduración de las fuentes de energía renovable»? ¿Cómo afectan los recortes retroactivos a la transición energética valenciana?
R: Para empujar esta transición, Europa decidió invertir en la creación de plantas fotovoltaicas como solución de futuro en los primeros años del nuevo milenio. En 2004, el Ejecutivo de Aznar aprobó un Real Decreto para pagar la luz producida al 575 %.
Con esa llamada, que era atrevida, tan solo se pusieron cuatro placas. No hubo respuesta. Zapatero lo modificó y convirtió el porcentaje en una cuantía específica: 450 euros MWh. El resultado es que esta transición se empezó en sentido inverso.
Junto a Idae, se publicó una campaña publicitaria que anunciaba que «el sol puede ser suyo». Se apeló al patriotismo para cumplir el mandato europeo. De los 25.000.000 millones de euros de inversión, en torno al 75 % se obtuvo de préstamos solicitados la banca.
El lema era muy caro, decía lo que íbamos a cobrar por producción. La realidad es que en 2010, ante el problema del déficit tarifario, sufrimos un recorte de 700 millones de euros durante tres años. A cambio, en negociación parlamentaria conseguimos aumentar a cinco años la retribución o derecho de cobro, que vino a cubrir dicho recorte.
En la Comunitat Valenciana, la incidencia gira en torno al 11 %, lo que afecta a 6.500 familias.
P: ¿Qué déficits presentan las economías de escala en este proceso?
R: El hecho de que se esté haciendo una burbuja inmobiliaria con proyectos fotovoltaicos es un gran inconveniente. España aboga por generar 30.000 MWh de energía fotovoltaica, para lo que ya se han presentado 100.000 en proyectos.
En el caso de la Comunitat Valenciana, sobre la mesa hay más de 12000MWp en proyectos para una previsión en 2030 de la Conselleria de 6.000 MWp. El principal problema es que hay más proyectos que necesidades primarias.
Existe mucha desorganización y falta de planificación por parte de la Administración. Me consta que el Consell está trabajando duro, pero es insuficiente. Hay varios decretos que intentan abordar esta tendencia, pero no salen autorizaciones y no se está construyendo.
La solución debe pasar por propulsar plantas pequeñas que ejerzan de generador distribuido al lado del consumidor.
P: Desde Anpier denuncian que una de las grandes injusticias que cometen los tribunales arbitrales es atribuir una rentabilidad del 7,39 % que no se ajusta a los indicadores reales. ¿Cuál es la radiografía de la Comunitat Valenciana?
R: Esa rentabilidad es una fórmula que no entiende nadie y no se sabe explicar. Esos valores están basados en datos inventados y, por ende, inciertos. La media de la rentabilidad oscila en torno al 6 %.
P: ¿Por qué es tan importante que pymes y pequeñas «familias» fotovoltaicas lideren la transición energética frente a los grandes tenedores?
R: Es vital que se apueste por plantas pequeñas con generación y propiedad distribuida. El impacto ambiental es positivo y se genera riqueza, por lo que a nivel social es más equitativa.
El modelo de producción de energía es diferente del de las grandes empresas, a las que no les importa el impacto ambiental, paisajístico… ¿Qué cuesta llevar un kW de Cofrentes a València?
Hay que analizar todos los factores. Sería más útil que València tuviera el máximo número de tejados llenos de placas, que la energía se generase donde se consume. Las comunidades energéticas locales son una gran baza, pero también son necesarias las plantas de suelo racionales y participadas. Que cada población tenga su planta.
P: ¿Confía en el acuerdo adoptado por PSOE y UP sobre la reparación de la situación de pequeños inversores perjudicados?
R: La sensibilidad por parte del Gobierno y del propio Pedro Sánchez existe. No es que confíe, es que necesito confiar y creer que van a cumplir con su promesa y acuerdo. El presidente se comprometió personalmente.
Soy consciente de que no se va a resarcir al 100 % a esas 62.000 familias fotovoltaicas, pero queremos que se atiendan nuestras reclamaciones. Se nos ha robado injustamente por parte del Estado. El porcentaje tendrá que negociarse.
