El Senado italiano aprobó ayer el proyecto de ley conocido como "ley mordaza", que limita las escuchas telefónicas en las investigaciones judiciales y policiales y castiga incluso con penas de cárcel a los periodistas que publiquen su contenido.

El texto llegó ayer al pleno del Senado después de que el Ejecutivo italiano planteara una cuestión de confianza para aprobar el texto en la Cámara Alta, donde el partido gubernamental del Pueblo de la Libertad (PDL) tiene mayoría absoluta. Ésta es la trigésimo cuarta ocasión en la que el Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, recurre desde el inicio de su legislatura en 2008 a la llamada "cuestión de confianza", una estrategia muy utilizada por los Ejecutivos italianos para acelerar las aprobaciones de las leyes, ya que permite saltar el debate de enmiendas y el parlamentario.

La norma fue aprobada con 164 votos a favor y 25 en contra y ahora deberá pasar a la Cámara de los Diputados. La nueva norma prevé, entre otros puntos, condenas de hasta 30 días de cárcel o sanciones de hasta 10.000 euros para los periodistas que publican las escuchas durante las investigaciones o de las actas bajo secreto, mientras que fija multas de entre 300.000 y 450.000 euros para los editores que lo hagan.

Los medios de comunicación tan sólo podrán publicar las actas judiciales resumidas y queda prohibida la difusión de la documentación relativa a conversaciones telefónicas o a través de correo electrónico. Asimismo, se limita a 75 días el tiempo que pueden durar las escuchas durante las investigaciones, tras lo que será necesario pedir una prórroga.