El cardenal Crescenzio Sepe, arzobispo de Nápoles, investigado por la Justicia italiana por corrupción agravada, negó ayer las graves acusaciones de estar involucrado en contratos millonarios y aseguró haber actuado siempre con el único objetivo de procurar el bien de la Iglesia Católica y con la aprobación del Vaticano. "Actué siempre con balances aprobados por la secretaría de Estado, que al término de mi mandato elogió mi labor", dijo.

El prelado salió ayer al paso de las informaciones publicadas este fin de semana, cuando salió a la luz su nombre en la lista de indagados de la Fiscalía de Perugia ante una posible relación con la supuesta trama corrupta relacionada con la organización de la cumbre del G8 en La Magdalena.

Sepe, quien fue prefecto entre 2001 y 2006 de Propaganda Fide, la Congregación de la Santa Sede para la Evangelización de los Pueblos, está siendo indagado por la gestión del ingente patrimonio inmobiliario de la Santa Sede, con un presupuesto autónomo de cerca 9.000 millones de euros.

Esta congregación es propietaria de unos 2.000 apartamentos en Roma que, según datos oficiales de 2009, rentaron al Vaticano 56 millones de euros en alquileres.

Las autoridades judiciales italianas investigan una posible cesión irregular de una vivienda al jefe de la Protección Civil, Guido Bertolaso (también investigado por la trama del G8), algo de lo que Sepe elude responsabilidades y que justifica por el hecho de que "éste estuviera"en dificultades familiares". También existen sospechas sobre las obras para la seguridad de un edificio de Propaganda Fide en la Plaza de España en Roma y por la venta de una casa en la capital al ex ministro Pietro Lunardi, del gobernante Pueblo de la Libertad, también investigado.