El Tribunal Supremo de Estados Unidos ayer que el derecho a portar armas, establecido en la Segunda Enmienda de la Constitución, debe ser respetado plenamente por todos los estados y las ciudades del país, en una decisión considerada histórica.
En su resolución, los nueve magistrados del tribunal votaron por cinco votos a favor y cuatro en contra, por extender a todo el país el derecho a llevar armas como una garantía fundamental, declarando así inconstitucional una prohibición para armas cortas implantada por Chicago y Oak Park (estado de Illinois) hace 28 años.
No obstante, el Tribunal Supremo no anuló formalmente la ley, una de las más estrictas en todo el país, porque ordenó a una corte federal de apelaciones que revise su decisión anterior. Pese a ello, caben pocas dudas de que la ley sea finalmente derogada por decisión judicial.
El juez Samuel Alito, que redactó el auto en nombre de la mayoría, afirmó que la Segunda Enmienda se aplica tanto al Gobierno federal como a los estados.
División en la Corte
La decisión fue dividida, ya que cinco magistrados considerados conservadores moderados votaron a favor de extender el derecho a llevar armas y los otros cuatro, liberales, opinan que cabe poder restringirlo.
Los nueve magistrados del Supremo tuvieron que analizar la Segunda Enmienda de la Constitución, que establece que "siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas".
Los partidarios de controlar el uso de las armas argumentan que la enmienda fue establecida para asegurar que los estados pudieran mantener milicias o cuerpos de seguridad, en respuesta al temor y recelo que abrigaban en el siglo XVIII de tener que hacer frente a un Gobierno federal todopoderoso. Mientras, los que están a favor del derecho a llevar armas alegan que el artículo en cuestión otorga a los ciudadanos la prerrogativa de llevar armas para uso privado, incluida la defensa propia.
Con su decisión, el Supremo amplía a todo el país su histórica determinación de 2008, cuando indicó que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a tener armas, tanto para defenderse como para cazar, al declarar inconstitucional una de las leyes restrictivas más estrictas del país, la del Distrito de Columbia, que prohibía las armas cortas en su jurisdicción desde 1976.
No obstante, la norma no prohibió totalmente a los ciudadanos poseer armas, puesto que los rifles y las escopetas están permitidos si se guardan bajo llave o desarmadas.
Después de la sentencia que anulaba la ley de Washington, los partidarios del derecho a portar armas registraron casi inmediatamente demandas en tribunales federales contra la legislación de Chicago y de su suburbio de Oak Park.
Admitida una denuncia contra Arizona
El Supremo estadounidense admitió ayer a trámite una denuncia presentada por grupos de derechos civiles, asociaciones de inmigrantes y empresarios contra la Ley de Trabajadores Legales de Arizona, aprobada en 2007, que sanciona a las empresas y particulares que contraten a trabajadores a sabiendas de que no cuentan con permiso de residencia ni de trabajo. Lo que decida el Supremo sobre esta norma afectará a las demandas contra la reciente ley de Arizona que obliga a la Policía a determinar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de estar ilegalmente.
