Una juez federal ordenó hoy al Ejército de Estados Unidos que deje de aplicar la ley que impide la participación de soldados abiertamente homosexuales en las Fuerzas Armadas, semanas después de declarar inconstitucional la medida. El Departamento de Justicia aún no ha anunciado si apelará la decisión.

El veredicto de la juez Virginia Phillips insta "a la suspensión inmediata de cualquier investigación, despido, separación u otro proceso" que pueda haber comenzado bajo la ley, conocida como "Don't Ask, Don't Tell" (No preguntes, no digas), según informó la cadena CNN.

Phillips, que a principios de septiembre concluyó que la ley violaba la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución, rechazó así el recurso del Departamento de Justicia, que quería limitar el alcance de la decisión judicial para que sólo beneficiara a los demandantes.

Según indicó entonces la agencia federal, paralizar la medida, introducida en 1993 por el entonces presidente de EEUU, Bill Clinton, constituiría "una amenaza para los militares que se encuentran en operaciones de combate en el mundo".

El Departamento de Justicia pidió que el bloqueo se limitara al caso concreto de los demandantes, el grupo político homosexual Log Cabin Republicans, que cuenta con más de 19.000 miembros, o que se retrasara hasta que el Congreso votará al respecto.

"La política de 'Don't Ask, Don't Tell' daña de una manera irreparable a los miembros del servicio al infringir sus derechos fundamentales", dijo hoy Phillips en la corte federal de Riverside (California).

El presidente estadounidense, Barack Obama, se comprometió a cambiar la medida durante su campaña en 2008 e impulsó el debate en el Congreso, pero la oposición republicana en el Senado bloqueó el debate el mes pasado.

La ley no permite a las autoridades militares que pregunten a los soldados sobre su orientación sexual, pero sí autoriza al Pentágono a despedir a los homosexuales que la admitan abiertamente.

Phillips también consideró que la práctica del Pentágono de retrasar los despidos de esos soldados hasta que volvieran de las operaciones de combate "mina la autoridad del Gobierno".