La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, abrió este domingo su último curso político en el Congreso con duras críticas contra el Poder Judicial, al que acusó de no respetar la Constitución, y calificó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento terrorista de "escándalo y bochorno".

Durante la apertura del último ciclo legislativo de su mandato en el Congreso, Fernández desgranó los logros de la llamada década kirchnerista -que estrenó su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007)- y cargó con dureza contra la Justicia, en mitad de una crisis política e institucional sin precedentes derivada de la muerte de Nisman.

Nisman, fiscal especial del caso AMIA, murió el pasado 18 de enero, en circunstancias aún sin aclarar, cuatro días después de denunciar a la presidenta por encubrimiento de los sospechosos iraníes del atentado contra la entidad judía, que dejó 85 muertos en 1994.

Reforzada por una reciente sentencia judicial que desestima la denuncia de Nisman, Fernández sostuvo que esta demanda "sin pruebas" constituye "un escándalo, un bochorno" y una "vergüenza", especialmente porque semanas antes de presentarla, el fiscal había redactado documentos en respaldo a la labor del Ejecutivo en el esclarecimiento del atentado.

"¿A qué Nisman le creo? ¿Al de la denuncia sin pruebas o al Nisman que levanta toda mi actuación en Naciones Unidas, que levanta mis discursos?", se preguntó Fernández, que por primera vez lamentó la muerte del fiscal "como lamento la muerte de cualquier argentino".

"Un fiscal acusa a la presidenta y a un canciller, es decir a Argentina, porque representamos al país (...) De repente aparecen los secretarios de ese juzgado con dos escritos. Es un escándalo, un bochorno, no para la presidenta, para todos los argentinos", agregó.

El caso Nisman le sirvió también para cargar contra el Poder Judicial, al que se refirió como el "partido judicial", como ya hizo tras la movilización convocada por los fiscales en memoria de Nisman, el pasado 18 de febrero, que reunió a cientos de miles de personas y que contó con la participación de la oposición.

"Hay que ser independiente del poder político, de los poderes económicos concentrados, de lo que nunca puede ser independiente el Poder Judicial es de la Constitución (...). Últimamente el partido judicial se ha independizado de las leyes", denunció la presidenta, que enfrenta aún una causa por presuntas irregularidades en una de sus empresas hoteleras, Hotesur, en la Patagonia.

Criticó, además, la incapacidad de la Justicia argentina para esclarecer el atentado contra la AMIA y el ataque contra la embajada israelí, cometido dos años antes, y pidió a Israel que el ex embajador Itzhak Avirán (1993-2000) declare en el marco de la causa AMIA para que explique por qué dijo meses atrás a los medios que su país mató ya a los terroristas.

"Es más claro y más evidente que nunca que AMIA sigue siendo un tablero de la política nacional e internacional", subrayó.

Cristina Fernández aprovechó su última comparecencia ante el Congreso para asegurar que "hemos desendeudado" el país y anunciar que enviará un proyecto de ley para nacionalizar la gestión de los ferrocarriles.

Frente a la sede del Parlamento, decenas de miles de simpatizantes expresaron su respaldo a la presidenta en una concentración del oficialismo, que ofreció todo tipo de facilidades a los militantes kirchneristas para acudir a la convocatoria, como cientos de autobuses, que colapsaron la ciudad, y trenes gratis.

La oposición lamentó la falta de "autocrítica" de Fernández y la dureza que utilizó contra a Justicia.

"La Presidenta no habló de inflación, ni de narcotráfico, ni de inseguridad. Nos hubiese gustado menciones a la Argentina del presente, no la del pasado", criticó el senador radical Ernesto Sanz, que subrayó la "dureza" utilizada contra la Justicia y afirmó que "el problema es cuando al Justicia los investiga, y los imputa".

Sergio Massa, líder del opositor Frente Renovador y candidato presidencial, consideró que "no están en el discurso las necesidades de hoy" y apostó por "garantizar que va a haber castigo contra la corrupción".

Cristina Fernández, que llegó al poder en 2007, no podrá concurrir a las elecciones presidenciales del próximo octubre porque ha agotado los dos mandatos consecutivos contemplados en la Constitución.