Los ministros europeos de Interior apoyaron prolongar hasta un máximo de dos años los controles temporales internos en el espacio de libre circulación de Schengen y reforzar las fronteras exteriores cuando existan deficiencias persistentes en un país, pero sin invadir su soberanía nacional.

El ministro holandés de Inmigración, Klaas Dijkhof, cuyo país ocupa este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE, explicó que varios países, como Alemania y Austria, se han visto obligados a introducir controles temporales internos para hacer frente al flujo de personas llegadas a Europa, que superó el millón en 2015.

En vista de que la situación por ahora no ha mejorado, "los Estados miembros han invitado a la Comisión a que prepare una base legal y práctica para la continuación de medidas temporales en las fronteras a través del artículo 26 del código Schengen", anunció Dijkhof en una rueda de prensa al término del encuentro.

La aplicación de este artículo supone poder ampliar de seis meses hasta un máximo de dos años, divididos en distintos tramos, los controles temporales internos en el espacio sin fronteras de Schengen.

Hasta ahora habían introducido controles temporales internos, una medida excepcional prevista en el código Schengen, países como Austria, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega y Francia, que en el caso de los dos primeros debían concluir en mayo.

Fuentes comunitarias indicaron que los Estados miembros esperan ahora que la Comisión Europea (CE) agilice los pasos de cara a activar ese artículo 26 si fuera necesario.

El Ejecutivo comunitario ya apuntó a finales de 2015 que esta posibilidad existía, a modo de advertencia a Grecia para que mejorase rápidamente el control de sus fronteras exteriores, pero hasta ahora insistía en que "todavía no estamos ahí".

En cambio, hoy el comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, dijo que si la situación no cambia y continúa el riesgo serio para el orden público y para la seguridad interior, algunos Estados miembros, "podrían mantener los controles en sus fronteras interiores más allá del tiempo previsto".

Por su parte, el ministro español en funciones de Interior, Jorge Fernández Díaz, recalcó que "nadie se plantea aislar a Grecia", algo que consideró "irrealizable" en la práctica y políticamente "inaceptable".

Según el titular español, el reto está en lograr una solución que permita preservar la "irrenunciable" libre circulación de Schengen y al mismo tiempo ampliar los controles temporales internos para garantizar la seguridad.

Sin embargo, la ministra de Interior austríaca, Johanna Mikl-Leitner, defendió una posición mucho más radical cuando, al ser preguntada por la posibilidad de que se cree un "mini" Schengen en Centroeuropa, afirmó que "está claro que si no se logra asegurar la frontera turco-griega, las fronteras exteriores de Schengen se trasladarán en dirección" de esa región europea.

"Grecia tiene que hacer cuanto antes todo lo posible para reforzar sus recursos y aceptar asistencia y ayuda", insistió.

Austria ya había apuntado antes de la reunión a la "salida temporal" de Grecia del espacio Schengen si el país no actúa para asegurar las fronteras exteriores, al tiempo que decidió limitar la acogida de solicitantes de asilo a las 37.500 personas este año.

Los Veintiocho dieron, por otro lado, su respaldo al paquete de medidas presentado por la CE para reforzar las fronteras exteriores de la Unión, que incluye la creación de un cuerpo europeo de policía costera y fronteriza, aunque añadieron matices importantes a la propuesta de Bruselas.

El ministro Dijkhof confirmó ese apoyo de los Estados miembros, pero subrayó que si se da este paso tendrá que ser por que "un Estado miembro afronte una situación en la que la presión sea demasiado elevada para gestionarla por si mismo".

Además, subrayó que "el Consejo deberá tener un papel decisivo y voz en el procedimiento, que tendrá que estar en línea con los procesos de evaluación ya existentes en Schengen".

Por último, precisó que antes de ordenar cualquier despliegue de este cuerpo europeo de fronteras, que estaría dotado con una reserva de 1.500 efectivos de los países de la UE, "debe respetarse la responsabilidad primaria del Estado miembro afectado".

España expresó abiertamente sus reservas a la creación de este cuerpo europeo precisamente por cuestiones de soberanía nacional.

"No estamos dispuestos a aceptar que a nosotros se nos imponga una decisión que viene motivada porque algún Estado no está en condiciones, no quiere o no puede cumplir con sus obligaciones", dijo su ministro en funciones del Interior, Jorge Fernández Díaz.