Israel ha anunciado la cancelación de su controvertido plan para deportar forzosamente a decenas de miles de inmigrantes africanos y un pacto con la ONU para que unos 16.000 permanezcan en el país y otros tantos vayan a países occidentales.

"Este acuerdo permitirá la salida de Israel de 16.250 migrantes a países desarrollados como Canadá, Alemania e Italia", anunció en rueda de prensa el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

"Es un buen acuerdo. Estoy muy contento de que lo hayamos alcanzado. El objetivo era solucionar este problema de la mejor manera para los intereses del Estado de Israel. Es la solución para los residentes del sur de Tel Aviv y otros barrios y para la gente que ha venido aquí. Es una buena solución", agregó .

Según el plan, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se encargará de trasladar durante los próximos cinco años a 16.250 africanos a países occidentales mientras que Israel dará seguridad jurídica y residencia temporal al resto.

El pacto ha sido aprobado por la Fiscalía y cumple con el derecho internacional, asegura el Gobierno israelí, que también anunció un "plan de rehabilitación" para el sur de Tel Aviv, donde se acumulan miles de inmigrantes, y se comprometió a hacer "una distribución geográfica más equilibrada de las poblaciones que permanecerán en Israel" y a darles orientación laboral y formación profesional.

Así se pone fin a un polémico programa, aprobado a principios de este año, que contemplaba deportaciones forzosas a terceros países africanos, que había levantado una gran polémica en un país construido con personas llegadas de todas partes del mundo, muchos huyendo de la guerra, la miseria o el Holocausto.

Comandantes de diversas aerolíneas se negaron a pilotar los aviones con los deportados, mientras que supervivientes del Holocausto, rabinos, académicos, escritores y médicos escribieron cartas de solidaridad con los inmigrantes y en las que pedían al Gobierno que diera marcha atrás.

Ni esto ni las manifestaciones multitudinarias impidieron que las autoridades empezaran en febrero a repartir las notificaciones que daban a los inmigrantes dos opciones: o aceptar la deportación o ser encarcelados indefinidamente.

El proyecto afectaba a la mayoría de los 38.000 inmigrantes y solicitantes de asilo procedentes de países africanos, la mayoría eritreos y sudaneses llegados a pie en una penosa travesía cruzando el desierto egipcio del Sinaí, y de la expulsión forzosa se excluía solo a unos 6.000: menores y padres y madres con niños a su cargo.

Además, se preveía dejar temporalmente en suspenso la situación de los solicitantes de asilo que aún no habían obtenido respuesta, si bien se esperaba que estos se fuesen uniendo poco a poco a los deportados, ya que Israel rechaza la inmensa mayoría de solicitudes.

"Impedimentos legales y dificultades políticas"

Según la ONG Hotline de Trabajadores y Migrantes, Israel había firmado acuerdos con Ruanda y Uganda para trasladar allí a los deportados, probablemente a cambio de ayudas, pero estos países lo habían negado.

Netanyahu señaló que su Gobierno hizo lo posible por seguir adelante con ese programa de deportaciones pero admitió que "impedimentos legales y dificultades políticas" por parte de los terceros países involucrados, que no identificó, obligaron a cancelarlo y buscar otra solución.

"Tenemos un nuevo acuerdo, un nuevo plan, que está completamente coordinado con ACNUR y ha obtenido la aprobación de varios países europeos", dijo a Efe Shlomo Mor-Yosef, director general de la Autoridad de Población en Inmigración.

"La oferta es muy generosa, ser capaces de pedir a más de 16.000 personas que han llegado de Eritrea y Sudán que se vayan a esos países occidentales. Por otro lado, entendimos que algunos de ellos se iban a quedar aquí, ahora se quedarán en el marco de un acuerdo internacional. Y creo que estos dos elementos son muy importantes", añadió.

Sobre el destino final de los 16.250 que abandonarán el país, Mor-Yosef solo precisó que serán "países occidentales" pero indicó que aún no se conoce con precisión el destino final porque se encarga la agencia de la ONU, que "está negociando con diferentes países en Europa, América del Norte, Escandinavia... Estas son las principales zonas".

Durante los cinco años que dura el programa, Israel no evaluará solicitudes de asilo, añadió, y tomará decisiones sobre cuántos se van a quedar transcurrido ese plazo.

Dror Sadot, portavoz de la ONG Hotline para Trabajadores e Migrantes, señaló a Efe: "aun no conocemos los detalles exactos del acuerdo, tendremos que valorar y comprobar que realmente se va a garantizar la seguridad y los derechos tanto de los que se queden como los que se vayan a ir a países occidentales".

Sadot consideró "muy positivo que haya habido toda la presión pública y manifestaciones para hacer caer el plan de deportación" gubernamental.