31 de mayo de 2018
31.05.2018
Prohibición

Dinamarca prohíbe el burka o el niqab en los espacios públicos

Sigue la estela de otros países como Francia o Bélgica, que ya prohibieron el velo integral islámico

31.05.2018 | 19:35
Mujeres que llevan niqab salen del Parlamento en Copenhague.

El parlamento danés adoptó este jueves una ley que prohíbe llevar velo integral islámico (burka o niqab) en el espacio público, tal como ya lo han hecho otros países como Francia o Bélgica.

"Cualquier persona que en lugares públicos lleve un atuendo que le cubra el rostro es pasible de multa" indica el texto, adoptado por 75 votos contra 30.

El proyecto de ley, impulsado por el gobierno de centroderecha, también obtuvo el aval de otras fuerzas políticas del parlamento: los socialdemócratas y el Partido popular danés (populista antimigración).

A partir del 1 de agosto, fecha de entrada en vigor de la nueva legislación, cualquier infracción a esa prohibición será sancionada con una multa de 1.000 coronas (134 euros). Si las infracciones son reiteradas, la multa puede llegar a 10.000 coronas.

Amnistía Internacional criticó la ley, cuya adopción no suscitó por lo demás mayores críticas: "Aunque algunas restricciones específicas al porte del velo pueden ser legítimas por razones de seguridad pública, esta prohibición no es ni necesaria ni proporcional y viola los derechos a la libertad de expresión y de religión", dijo la ONG.

La prohibición se aplica a otros accesorios que disimulan el rostro, como las capuchas o las falsas barbas.

No hay ninguna estadística oficial sobre el número de mujeres que usen niqab o burka en Dinamarca.

Según los defensores de esta nueva ley, el velo es un instrumento ideológico de opresión de las mujeres en ciertas culturas.

El porte del velo integral islámico está prohibido o limitado en varios países europeos.

Francia fue el primer país europeo en prohibir el velo integral, con una ley que "prohíbe que se oculte el rostro en un espacio público" promulgada en octubre de 2010 y que es aplicada desde abril de 2011.

Esa ley, validada por la Corte europea de derechos humanos CEDH) en 2014, prevé para los infractores hasta 150 euros de multa.

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