El Ejército birmano llevó a cabo preparativos «exhaustivos y sistemáticos» para atacar a la minoría musulmana rohinyá confiscando cuchillos y otras herramientas y armando y entrenando a civiles no musulmanes durante las semanas y los meses anteriores a los ataques de rebeldes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) del 25 de agosto de 2017, que sirvieron de justificación para forzar la huida de casi 700.000 miembros de esta etnia a Bangladés en apenas unas semanas de violencia desmedida, según denuncia la ONG Fortify Rights en un informe titulado Les dieron espadas largas.
Este grupo de defensa de los derechos humanos del sudeste asiático documenta cómo las autoridades birmanas se preparaban para expulsar a esta comunidad con anterioridad a los ataques que realizaron insurgentes rohinyás. Una «limpieza étnica de manual», según la ONU.
Tras una investigación a pie de campo de más de 21 meses, entrevistando a víctimas, testigos y supervivientes, Fortify Rights llega a la conclusión de que en la campaña de terror desatada contra esta minoría desarmada, compuesta en su inmensa mayoría por campesinos pobres, sobró crueldad, sí, pero lo que no hubo fue el menor atisbo de improvisación. Aquella expulsión masiva no fue, por tanto, algo que se escapó del control de las autoridades o un estallido espontáneo de odio racial.
Todo lo contrario, la ONG asegura que cuando las autoridades birmanas constataron la falta de respuesta internacional a los asesinatos, violaciones y saqueos de las fuerzas birmanas contra los rohinyás en octubre y noviembre de 2016, «decidieron hacer los preparativos para lanzar otros ataques de mayor escala en el estado norteño de Rajine», fronterizo con Bangladés y donde se concentraba la mayor parte del millón y medio de rohinyás de Birmania antes del aciago verano de 2017.
Al tiempo que las autoridades despojaban a los rohinyás de cuchillos y objetos metálicos, afilados o romos, que pudieran ser utilizados como armas, se formaron grupos paramilitares de civiles y se les dio entrenamiento y armas. Asimismo, se derribaron de forma sistemática vallas y cercados en torno a las aldeas rohinyás, favoreciendo su desprotección. El plan incluyó la imposición de trabas y dificultades para acceder a ayudas alimentarias con el fin de ir debilitando paulatinamente a la población al tiempo que aumentaba el despliegue militar y policial en la zona.
Por separado, estas acciones suponían una pequeña gota en el vaso de las privaciones y discriminaciones cotidianas que sufre esta minoría étnica en Birmania desde la independencia del país en 1948, donde nunca han sido considerados ciudadanos, sino apátridas, una especie de cuerpo ajeno y extraño a la pureza racial y religiosa que propugnan sociedades ultranacionalistas como la Asociación Patriótica de Birmania, liderada por el monje budista Ashin Wirathu, un apóstol del racismo más radical. Tomadas en su conjunto, sin embargo, forman la imagen de la antesala de la masacre.
Para cuando se desató la violencia, los rohinyás no tenían ninguna posibilidad. Soldados, policías y paramilitares se dieron a una orgía de sangre, saqueo y destrucción. El informe documenta un auténtico catálogo del horror con asesinatos con hachas y machetes, violaciones en masa, personas quemadas vivas... La única opción fue la huida. Y por si quisieran regresar algún día, el Ejército birmano ha minado la frontera y ha asignado sus antiguas tierras y aldeas a pobladores no musulmanes, posiblemente miembros de las mismas milicias paramilitares que les expulsaron.
«La impunidad por estos crímenes allanará el camino para más violaciones y ataques en el futuro», señala el informe. «El mundo no puede sentarse perezosamente y ver cómo se desarrolla otro genocidio, pero es justamente lo que está ocurriendo», lamenta la ONG. Como dijo el pensador irlandés del siglo XVIII Edmund Burke, «para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada».
