El año 2017 ha sido el más sangriento para los activistas defensores del medio ambiente desde que se tienen registros, con al menos 207 asesinatos, y ha batido así la funesta marca que tenía su predecesor, 2016, con 201 muertes violentas. Esto significa que durante el año pasado casi 4 activistas y líderes comunitarios fueron asesinados de media cada semana, según afirma el estudio ¿ A qué precio? de la ONG Global Witness.
Se trata de una guerra antigua, en la sombra y que no descansa. Uno de los grandes conflictos irresolutos del mundo y que rara vez salta a las portadas de los medios de comunicación: la lucha por la propiedad de la tierra. El Centro de Negocios y Derechos Humanos, una organización con base en Londres, identifica a la agricultura industrial como el sector más asociado con el mayor número de asesinatos de activistas ambientales en 2017, unos 46.
Por su parte el informe de Global Witness, presentado el pasado 24 de julio en Londres constata un dato preocupante: un mundo cada vez más poblado y ávido de recursos, junto a un modelo de producción industrial agresivo con el medio ambiente está obligando a las comunidades rurales y a los pueblos indígenas a situarse en la primera línea del frente de esta desigual batalla, con resultados descorazonadores.
La fiebre mundial por la tierra, impulsada por la sed insaciable de combustibles, agua, alimentos y materias primas, en combinación con la especulación financiera, sostiene el informe, está «causando estragos» en todo el mundo. Según la base de datos Land Matrix, desde el año 2000, al menos 70 millones de hectáreas de tierras en países en desarrollo se han vendido o se están negociando con grandes grupos empresariales. Esto representa el doble de la masa de tierra de Alemania o Malasia. Solo entre los años 2000 a 2010, la agricultura industrial representó el 80 % de la deforestación en los países tropicales y subtropicales.
No es casual, pues, que la mayor parte de los defensores del planeta asesinados el año pasado estuvieran comprometidos en campañas de protesta contra grandes plantaciones de palma aceitera, o de café, o de frutas tropicales o de caña de azúcar. Productos que podemos encontrar en las bien surtidas estanterías de cualquier supermercado.
El 60 % de los asesinatos, cometidos en 22 países, tuvo lugar en Iberoamérica, siendo Brasil el país más peligroso, con al menos 57 activistas ambientales asesinados. Le siguió Filipinas, con 48, mientras que en México y Perú aumentaron significativamente los asesinatos, al pasar de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente. La resistencia ante la caza furtiva también aumentó su peligrosidad en 2017, con la cifra récord de 23 asesinatos, la mayoría de ellos de guardabosques en África.
De forma inquietante, Global Witness achaca a las fuerzas de seguridad de los países afectados un total de 53 homicidios de activistas, mientras que la proliferación de «actores no estatales» armados, como bandas criminales, estuvieron implicados en al menos 90 asesinatos.
Aún más preocupante, 2017 ha visto un aumento de masacres de activistas, al menos siete asesinatos múltiples. «Activistas locales están siendo asesinados, mientras los Gobiernos y las empresas dan prioridad a la obtención de ganancias rápidas sobre la vida humana. Muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre pueden encontrarse en los estantes de los supermercados», denunció Ben Leather, portavoz de Global Witness durante la presentación del estudio. «Las valientes comunidades que se enfrentan a los funcionarios corruptos, a las industrias destructivas y a la devastación ambiental, son brutalmente silenciadas. Basta ya», señaló.
Violencia en la Amazonia
El activismo medioambiental en Brasil es una actividad de riesgo. Los 57 asesinatos registrados en 2017 así lo atestiguan. Y aún más, este país ha sido testigo de algunas de las peores masacres, en las que hallaron la muerte unas 25 personas el año pasado. Una de las más crueles tuvo lugar el 19 de abril en el estado de Mato Grosso, cuando 9 pobladores locales fueron torturados y asesinados por sicarios a sueldo de un empresario maderero. El pasado 24 de mayo, la policía abrió fuego contra un grupo de granjeros sin tierra en el estado de Pará, matando a 10 de ellos.
Según Global Witness, el 90 % de las personas defensoras del medio ambiente asesinadas en Brasil murieron tratando de proteger el Amazonas de proyectos madereros, agrarios o energéticos. «En vez de tomar medidas contra estas atrocidades, el Gobierno del presidente Michel Temer ha debilitado las leyes que protegen a las pequeñas comunidades rurales e indígenas», afirma esta ONG, que se refiere al recorte presupuestario masivo en instituciones como la Fundación Nacional del Indio o el apoyo del lobby agroindustrial al dirigente y su partido.
El reino de terror de Duterte
La llegada a la presidencia de Filipinas de Rodrigo Duterte se ha traducido en un aumento de un 71 % en la cifra de activistas ambientales asesinados en el país en 2017, unos 48. Solo el pasado 3 de diciembre, ocho miembros del pueblo Taboli-manubo de la isla de Mindanao fueron asesinados en una incursión del Ejército en la ciudad de Lake Sebu que obligó a 200 personas a huir de sus casas y tierras, cercanas a una plantación de café en expansión.
La expulsión de comunidades rurales por parte del ejército no es un fenómeno nuevo en este país. El actual Gobierno tiene entre sus planes asignar 1,6 millones de hectáreas a plantaciones industriales, la mayor parte en la isla de Mindanao, donde se ha registrado el 67 % de los asesinatos de activistas en 2017.
El presidente Duterte ha mostrado en más de una ocasión su beligerancia hacia cualquier tipo de crítica u oposición. No tuvo reparos en tildar de «terrorista» a la relatora especial de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas e incluso ha llegado a amenazar con arrojar a los cocodrilos a otros expertos de la ONU. Para Global Witness, «en este violento contexto, tanto las comunidades indígenas como quienes abogan por el derecho a la tierra están en una situación de riesgo extremo». Por ello, afirma, «invertir en el sector agrario en Filipinas puede significar contribuir al asesinato de innumerables personas».
Narcotráfico y corrupción
Para Global Witness, la situación de los activistas en México es motivo de especial preocupación. El auge del crimen organizado en torno al narcotráfico, unido a la epidemia de corrupción y al clima generalizado de impunidad han contribuido al espectacular aumento de activistas asesinados en 2017 -15 frente a 3 en 2016-. «El aumento del crimen organizado intensifica el conflicto por la tierra», ya que los clanes del narcotráfico quieren ampliar la producción y recurren a sus sicarios para amedrentar y expulsar a los pequeños propietarios. La ineficacia del Gobierno en proteger a los líderes comunitarios ayuda a extender el clima de miedo.
