El Gobierno neerlandés liderado por Mark Rutte anunció este lunes que las víctimas de acusaciones falsas de fraude fiscal por recibir ayudas para cuidar a sus hijos -escándalo que llevó a su dimisión- ya no deberán pagar sus deudas con las agencias gubernamentales, en las que habían incurrido para devolver el dinero recibido de la Agencia Tributaria y pagarles las multas impuestas.
En un gesto presentado por el Ejecutivo saliente como un "perdón" de las deudas a las víctimas de la Agencia Tributaria, la Secretaria de Estado de Finanzas, Alexandra van Huffelen, subrayó estar "muy feliz de poder ofrecer a los padres una página limpia", a pesar de la opinión en contra de las autoridades fiscales, que se negaron a renunciar a las deudas de las víctimas con ellos y con diferentes acreedores.
Cuando la Agencia Tributaria neerlandesa acusó sin fundamento a más de 26.000 padres de fraude fiscal tras recibir ayudas para pagar los cuidados de sus hijos, también exigió a miles de victimas devolver el dinero que habían recibido con anterioridad, lo que llevó a muchos a la ruina, a perder su casa y su trabajo, y a endeudarse para poder reunir un dinero que no tenían.
Esto también incluía deudas con la propia Agencia Tributaria, que pretendía mantener su exigencia a las familias para que paguen el monto que debían tras haber sido falsamente acusados de fraude y haberse visto obligados a pedir dinero prestado a bancos y acreedores privados, además de endeudarse con instituciones públicas como el Banco de Previsión Social y los municipios.
Este arreglo, que el gobierno neerlandés saliente anuncia a dos meses de las elecciones generales y tres días después de su dimisión, permitirá a las víctimas recibir la recompensa de 30.000 euros prometida por el Gobierno de Mark Rutte, sin tener que entregar todo o gran parte de esa cantidad a los acreedores. Según los diferentes ministerios, todas las deudas serán canceladas, independientemente de lo que "le cueste" al Estado.
La negativa de las autoridades fiscales a renunciar a sus reclamaciones provocó mucha indignación social porque los padres fueron víctimas de acusaciones de fraude fiscal erróneas y en masa, una situación que ha sido la causa por la que miles de familias se encuentran en dificultades financieras y psicológicas, viéndose obligados a reembolsar el subsidio recibido, a menudo con una multa adicional.
El pasado viernes, cuando el gabinete dimitió en bloque, Rutte prometió que hará todo lo posible para ayudar a los padres estigmatizados por la Agencia Tributaria y que les pagará lo antes posible una indemnización de 30.000 euros por el daño causado, aunque muchas víctimas no creen que eso sea suficiente.
Desde 2014, aunque se cree que hay casos de años anteriores, la Agencia Tributaria envió cartas a miles de padres -en su mayoría de orígenes extranjeros- acusándolos de fraude, sin darles la posibilidades de convencerlos de lo contrario ni ofrecerles argumentos, tras haber recibido ayudas para pagar guarderías o niñeras que se hagan cargo de sus hijos para que ellos puedan trabajar.
