Brechas europeas. Migración, política exterior o el respeto al Estado de derecho marcan divisiones en una UE donde los postulados de países como Hungría o Polonia chocan cada vez con más frecuencia con los de los países más occidentales.
«Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie». Con esas palabras daba inicio en 1858 uno de los más célebres discursos del 16 º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. El trasfondo de su aviso, parafraseando a Jesús, se enmarcaba en las crecientes tensiones internas que vivía la federación norteamericana previas a la Guerra de Secesión. Su mensaje, con todos sus matices, podría servir hoy, no obstante, como una advertencia también en otro conjunto de Estados a este otro lado del Atlántico: la Unión Europea.
La ya vigente prohibición en Hungría a poder hablar de la identidad sexual en los centros educativos ha abierto una brecha en el seno europeo, dividido entre aquellos que secundan la norma o defienden que, como una competencia nacional, la UE no debería inmiscuirse, y los que la consideran un ataque directo a los principios de la Unión. En este último, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha amenazado al Gobierno de Viktor Orbán con tomar medidas si no «corrige» la norma y otros como el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, incluso ha llegado a abrir la puerta de salida del ente a Hungría. «La reacción que se ha producido es política, pero también pone en cuestión a la Unión Europea», sintetiza Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, sobre estas dos posturas opuestas que, sin embargo, no son una excepcionalidad dentro del ente comunitario.
Como apunta la investigadora principal del CIDOB, Carme Colomina, en los últimos años se han visto «divisiones que son de valores fundamentales y de principios de la Unión Europea», aunque la nueva norma de Budapest ha provocado «un cambio» ya que en algunos Estados miembros se ha generado «una reacción mucho más vehemente, marcando unas líneas rojas claras en lo que respecta a los derechos de la ciudadanía».
Un nuevo desafío
No en vano, este ataque húngaro a la igualdad LGTBI se suma a una larga lista de polémicas normativas que, como ha pasado también en la vecina Polonia, han llevado a ambos Ejecutivos a estar en la diana del artículo 7 del Tratado de Lisboa. Este habilita al Consejo Europeo a sancionar con suspender el voto a un miembro si viola valores fundamentales del proyecto, un castigo bloqueado hasta ahora -cuando se quiere castigar a Budapest, Varsovia vota en contra y viceversa- por la necesidad de que haya unanimidad. Así, ante esta problemática, Molina apunta a que cada vez más voces se muestran favorables a que se condicionen ayudas económicas como los fondos Next Generation a que los miembros respeten el Estado de derecho, una amenaza hacia Hungría lanzada también la pasada semana por Von der Leyen o la Eurocámara.
Porque más allá de los desafíos continuos de Budapest y Varsovia, un bloque de Estados miembros -que forma parte de las últimas integraciones- presentan aún graves -y en algunos casos cada vez más exacerbadas- deficiencias en derechos básicos. Pese a dar pasos en la convergencia económica, Bulgaria o Rumanía han sido criticados por la Comisión por su falta de independencia judicial o la corrupción; la República Checa, por sus deficiencias en la protección de los denunciantes y en la regulación de ‘lobbies’ o Eslovenia, por los ataques de su primer ministro Janez Jansa -que desde el 1 de julio asume la presidencia rotatoria de la UE- entre otros, a la prensa y la justicia. «Esto erosiona la idea de la Unión Europea como proyecto democratizador y de derechos porque demuestra que incluso dentro, la propia UE no tiene todos los instrumentos para garantizar que estos derechos se cumplan», remarca Colomina.
"La propia UE no tiene todos los instrumentos para garantizar que sus derechos se cumplan", asegura Colomina
Pero al margen de disfunciones internas, si un asunto ha marcado los últimos años del proyecto europeo ese ha sido la política migratoria, eje de desuniones constantes. La postura de los Gobiernos de los países receptores -España, Italia o Grecia, entre otros- de buscar una mayor solidaridad en el resto de Estados ha chocado con los postulados especialmente del Grupo de Visegrado -Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia-, defensores de acabar con las cuotas y las relocalizaciones de migrantes pese a tener números muy bajos en sus territorios, «una poblematización de un tema que no era un problema», sintetiza Colomina. En este sentido, un barómetro de Eurostat a finales de 2017 ya indicaba que pese a que la población inmigrante en los Visegrado era menor del 3 %, la percepción de sus ciudadanos la situaba hasta en el 10 %. Y en Hungría, por ejemplo, solo una de cada tres personas consideraba que estos foráneos se habían integrado en el país.
Ante esta dualidad y falta de visión común, el investigador del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, cree que por lo que se acabará apostando en la UE será por reforzar la frontera exterior -un asunto en el que los miembros coinciden y que también se recoge en la última propuesta migratoria de la Comisión Europea-, pero no por mantener un sistema de cuotas como el pactado en 2015 con la crisis de los refugiados que Budapest, Varsovia y Praga incumplieron. A todo ello se suma además el caso de Dinamarca, el primer país de la UE en aprobar una ley que habilitará la creación de centros de asilo de migrantes fuera de Europa, movimiento que ya ha levantado críticas desde las oenegés.
La estrategia en el exterior
Sin embargo, más allá de la cuestión migratoria, es en su visión exterior donde la UE afronta algunas de sus diferencias más notables. Pese a que, en casos como las recientes sanciones a Bielorrusia o la condena a Marruecos por la crisis en Ceuta sí se logró un consenso, la complicada unanimidad necesaria para actuar -siempre condicionada a los intereses de cada país miembro- dificulta el rol de la UE en el contexto mundial. Sin ir más lejos, la reunión propuesta el pasado junio por Alemania y Francia con el presidente ruso, Vladímir Putin, se encontró con el rechazo de un buen número de países del Este del ente comunitario. «Son divisiones estratégicas donde los Estados miembros además no quieren que la UE tome la palabra», asegura ante esta realidad Molina, quien añade que con esta postura la Unión «queda debilitada» a ojos de otras grandes potencias.
En este escenario de grietas, pese a todo, Colomina sí aprecia un cambio. Como explica la investigadora del CIDOB, se ha producido una «pérdida de poder hegemónico del eje franco-alemán», el cual pese a seguir siendo «imprescindible en los grandes acuerdos» ha encontrado en los Visegrado un contrapoder regional que hoy marca también los equilibrios geoestratégicos dentro de una UE que, no obstante, sí ha seguido dando pasos hacia delante en las últimas décadas. «El hecho de que estemos más o menos de acuerdo en temas de cambio climático, de brexit … eso hace 20 años era impensable», concluye Ignacio Molina.
La violencia machista, un asunto vital rechazado en varios países del Este de la UE
Pese a no ser un acuerdo comunitario sino panaeuropeo, el Convenio de Estambul -un acuerdo de lucha contra la violencia machista- sigue siendo una asignatura denostada en varios países del Este de la UE, rechazado por Gobiernos ultraconservadores que consideran que el pacto «atenta contra la familia» y «normaliza la homosexualidad». En este sentido, actualmente Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y República Checa no han ratificado el acuerdo, mientras que en el caso polaco el ultraconservador partido Ley y Justicia inició los trámites para abandonarlo tras llegar al poder. j.v. valència
