Vía libre para la omnipresencia del pasaporte de vacunación en Francia. El Consejo Constitucional (equivalente francés del Tribunal Constitucional) validó este jueves el uso extendido del certificado sanitario en numerosas actividades culturales y sociales. Los sages (sabios) -como se conocen en Francia a los miembros del Constitucional- dieron un espaldarazo a la contestada medida que entrará plenamente en vigor el lunes que viene. También consideraron constitucional la vacunación obligatoria de numerosas profesiones que trabajan en contacto con el público, como los sanitarios, camareros o bomberos, con la excepción criticada de la policía.

Era una decisión esperada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron. El primer ministro, Jean Castex, se felicitó por este aval que “nos permitirá desplegar plenamente nuestra estrategia de lucha contra el covid-19”. Desde el 21 de julio, el pasaporte de vacunación es obligatorio en el país vecino para entrar en cines, teatros, museos, gimnasios o en otras actividades de ocio. A partir del 9 de agosto, se exigirá en bares (también en terrazas), restaurantes, centros comerciales, hospitales y en los viajes en avión, tren y autobús de larga distancia. Gracias a este dispositivo, las autoridades francesas confían en frenar la variante delta y mantener viento en popa la campaña de vacunación.

Mayoría silenciosa

La omnipresencia del certificado sanitario, que disponen las personas con una pauta de vacunación completa o con un test negativo reciente, indignó a una parte de la sociedad francesa. Más de 200.000 personas se manifestaron el pasado sábado en el tercer fin de semana consecutivo de protestas multitudinarias contra una medida, apoyada, sin embargo, por una mayoría silenciosa, según los sondeos.

Pese al rechazo en la calle, el Constitucional sostiene que este dispositivo permite una “conciliación equilibrada” entre las libertades individuales y la protección de la salud. Los sabios dieron su visto bueno a prácticamente todos los artículos de la ley, aprobada el 26 de julio. No obstante, consideraron inconstitucional el despido de aquellos trabajadores con contratos temporales, y que no dispongan el pase, en las profesiones en que la vacunación resulte obligatoria. Los trabajadores fijos no vacunados solo pueden ser objeto de una “suspensión de contrato” —y de salario—, según la legislación. También censuraron el aislamiento obligatorio de diez días para los positivos del coronavirus. Una medida que no es “necesaria ni proporcional”, según el Constitucional.

Población vacunada

Estas correcciones supieron a poco a la oposición, mayoritariamente crítica con la medida. “El Consejo Constitucional no protege ninguna de las libertades amenazadas por el pase sanitario”, lamentó el insumiso Jean-Luc Mélenchon (republicano y ecosocialista). “El Consejo Constitucional no encuentra nada que decir ante una ley que impide la libertad de circulación de los franceses en su propio país, para favorecer la vacunación”, reaccionó la ultraderechista Marine Le Pen.

El aval del Constitucional llegó el mismo día en que Macron confirmó una tercera dosis de la vacuna a partir de septiembre. “Sí, probablemente se necesitará una tercera dosis, no para todos de manera inmediata, pero al menos para las personas mayores y más vulnerables”, dijo el joven dirigente en un video publicado en las redes sociales. Francia se une así a otros países europeos, como Alemania, donde se suministrará una tercera dosis desde el final del verano.

Pese a un ritmo inicial muy lento en las inyecciones, el 54% de la población francesa ya está totalmente vacunada. Las citas para recibir la sustancia inmunizante se multiplicaron después de que Macron anunciara el 12 de julio el uso extendido del certificado sanitario. Pero este ritmo de crucero se desaceleró en los últimos días. El pase tampoco parece resolver uno de los principales puntos flacos de la vacunación en el país vecino: el 20% de las personas mayores de 80 años no recibieron la vacuna.