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Centroamérica, a la deriva autoritaria

La región afronta un escenario marcado por los fallos institucionales o la corrupción, con la violencia aún muy presente y la emigración al alza

Centroamérica, a la deriva autoritaria

«¿Cómo podemos enfrentarnos al crimen organizado? Junto con la corrupción y el narcotráfico ha constituido una fuerza que no es paralela al Estado. Es realmente un Estado dentro de él». Tras esas palabras, claras y directas para una plataforma asiduamente anodina como Twitter, se encontraba en mayo de 2019 la voz de la activista guatemalteca Rigoberta Menchú.

Su reflexión, pese a estar enfocada en un contexto en el que su país se encaminaba hacia otro retroceso democrático —que se ejemplificaría meses después con el cierre de un órgano de control del poder, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)—, serviría aún hoy como una proclama que arraiga no solo en las entrañas del ecosistema institucional guatemalteco, sino también en buena parte de los Estados de Centroamérica, territorios entrelazados por unas características comunes en muchos de sus casos. Y es, en ese marco de situación, donde la corrupción se ha establecido como un elemento habitual en la región.

Como explica el investigador senior asociado del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob), Salvador Martí, esta problemática «siempre está muy vinculada a la solidez institucional, porque si hay unos organismos con fuertes contrapesos, con capacidad de controlar y de auditar al poder, se puede luchar contra la corrupción».

Sin embargo, sintetiza el experto, esa no es la realidad interna de una zona con instituciones debilitadas por razones que van desde los fallos y mermas en el sistema judicial a la concentración del poder en pocas manos, pasando por «unas dinámicas y una herencia terrible que son muy difíciles de revertir».

No en vano, según muestran los datos del ‘Índice de percepción de la corrupción’ elaborado anualmente por Transparencia Internacional, de los 180 países que se recogen, solo Costa Rica se sitúa entre los 50 territorios con menos corrupción (puesto 42), una condición muy diferente a la que experimentan El Salvador (104) y especialmente Guatemala (149), Honduras (157) y Nicaragua (159).

En este sentido, las presiones a periodistas y jueces —así como las interferencias de actores políticos y económicos en el correcto funcionamiento del sistema— se han convertido en tónica habitual en Guatemala o El Salvador, llegando este septiembre incluso a ser sancionados cinco magistrados salvadoreños y la fiscal general guatemalteca por Estados Unidos debido a sus vínculos con casos de corrupción en sus respectivos países.

A ello, además, se une el fin de iniciativas como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras por la falta de voluntad desde el Ejecutivo del país —decisiones que siguen lastrando los intentos internacionales por tratar de acabar con este problema endémico— o las medidas sacadas adelante durante la pandemia de la covid-19, donde los arrestos arbitrarios —como el caso de los principales líderes opositores en Nicaragua—, las limitaciones de derechos fundamentales o la falta de transparencia de las instituciones se han acrecentado. «Esta pandemia ha sido la excusa extraordinaria para ser más autoritario y opaco», destaca sobre ello Martí.

Deriva fraguada

No obstante, el resquebrajamiento democrático tenía ya indicadores claros antes de la crisis del coronavirus. Mientras Costa Rica se mantiene, como apunta el investigador del Cidob, «en una relativa contención» pese a la crisis que afrontan todos sus partidos, en Nicaragua el aumento de la represión contra población y oposición por parte del presidente Daniel Ortega ha escalado sin tregua especialmente desde las protestas juveniles de 2018, que se saldaron con más de 300 muertos.

En paralelo, Honduras, con las irregularidades en la reelección en 2017 del presidente Juan Orlando Hernández aún en el retrovisor, afronta este noviembre unos nuevos comicios marcados, entre otros asuntos, por la condena en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y el tráfico de armas del hermano de Hernández; la reforma del Código Penal que ha rebajado las penas por delitos contra la Administración Pública; o la denuncia de Naciones Unidas por la intromisión creciente de las fuerzas armadas en el organigrama de poder del país.

En un trasfondo parecido, la proliferación desde la disolución de la Cicig del llamado «pacto de corruptos» en la vecina Guatemala ha desembocado en un contexto de inestabilidad social en el que la destitución del fiscal anticorrupción del país, este verano, ha emergido como último catalizador de las protestas contra el presidente Alejandro Giammattei.

Mientras, en un escenario de mayor popularidad, el autoproclamado «dictador más cool del mundo mundial», el líder salvadoreño Najib Bukele, ha vivido este septiembre sus protestas más contundentes desde que comenzara su gobernanza a golpe de tuit en junio de 2019, con miles de manifestantes clamando por su deriva autoritaria en varias reformas legales o la implementación del inestable bitcoin como moneda de curso legal.

Además, la situación de mayor protección de las fuerzas armadas con una alianza de mutua conveniencia y la reducción —todavía insuficiente— de la violencia en el país tras las negociaciones en la sombra de Bukele con los líderes de las pandillas —las comúnmente conocidas como maras— mantienen al país en una tensa incertidumbre.

Pero la criminalidad y violencia no son un obstáculo único del ecosistema salvadoreño, sino una característica imposible de disociar de la realidad que afrontan buena parte de los países de América Central, en especial el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y el propio El Salvador) y Belice.

De la violencia a la pobreza

Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tres de los seis países con mayores tasas de víctimas de homicidio por cada 100.000 habitantes en 2018 pertenecían a la región (El Salvador con 52 casos, Honduras con 38,9 y Belice con 37,9), un indicador no solo de la debilidad institucional y la incapacidad de los gobiernos a la hora de garantizar la seguridad de su población frente al crimen organizado y las maras, sino también del poder de estos grupos a nivel político, económico y social.

No en vano, su influencia lastra tanto el desarrollo de estos países —los recursos destinados a combatir la violencia no se invierten en otros sectores y, además, sus redes entorpecen el funcionamiento del propio Estado— como el día a día de sus habitantes, coartando sus derechos básicos y favoreciendo una inestabilidad muy difícil de contrarrestar. «No solo se trata de que la gente deje de disparar, se trata de que la gente deje de disparar y se dedique a otra cosa. Hay toda una parte que viene por lógicas de la economía del crimen, por lógicas culturales de socialización, pero también hay una parte de pobreza estructural», remarca Martí.

En esta tesitura, un escenario marcado por las dificultades económicas de la población —a las que se suman esa falta de seguridad o los desastres climáticos— ha acabado derivando en otra consecuencia: un auge migratorio hacia territorios más prósperos como EE UU. Caravanas formadas por miles de personas han tratado de llegar en los últimos años a suelo estadounidense, con México ejerciendo de ‘Estado tapón’ para evitarlo.

Pese a ello, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU, solo en agosto fueron detenidas más de 208.000 personas en la frontera sur, un 44 % de las mismas (91.536) provenientes de los países del Triángulo Norte.

El futuro, con imágenes recientes como las de los miles de haitianos repelidos por las autoridades cuando intentaban entrar a Texas, no parece halagüeño. Ante ello, el experto del Cidob enfatiza la necesidad de buscar soluciones desde una perspectiva multirateralista porque «o se empieza a invertir en los países de origen, o tenemos muy poco que hacer».

Ortega, de la promesa pacifista a la rotura de la democracia

2006. Daniel Ortega recupera el poder en Nicaragua. Más de una década y media después de su primera etapa (1985-1990), el histórico revolucionario sandinista vuelve a la presidencia. Entre sus símbolos triunfantes, el Give peace a chance («Dale una oportunidad a la paz») de John Lennon se ha erigido su banda sonora electoral, su ‘declaración de intenciones’. Hoy, sin embargo, de aquella promesa pacifista nada queda. De un periodo (2007-2018) en el que Ortega logró estabilidad apoyado por los poderes económicos y eclesiásticos, se ha pasado a una deriva autoritaria que ha acabado con todos los estándares democráticos del país.

Desde que en abril de 2018 las manifestaciones a raíz de una reforma del sistema de pensiones —a la que se sumó el mal desempeño gubernamental ante el incendio de la reserva de Indio Maiz— fueran reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad dejando más de 300 muertos y decenas de detenidos, numerosos han sido los ataques contra derechos fundamentales por parte de Ortega y su mujer, Rosario Murillo (otra figura polémica tildada, entre otros apelativos, de bruja por su simbología y creencias esotéricas). «Tienen una deriva de control de todos los elementos del Estado, pero quisieran también tenerlo de la sociedad», explica el investigador del Cidob, Salvador Martí, sobre un marco cada vez más restrictivo que empieza desde las propias instituciones.

No en vano, gracias al control absoluto que su partido —el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)— tiene del poder legislativo, Ortega ha llevado a cabo una agenda normativa cada vez más reaccionaria y autoritaria. Sin ir más lejos, la Ley Especial de Ciberdelitos —con severas limitaciones para ámbitos como el periodismo de investigación si el Gobierno considera que este pone en peligro «el orden público»— se ha sumado a una fuerte persecución de los medios que este septiembre, por ejemplo, obligó al diario ‘La Prensa’, el más importante del país, a despedir a la mitad de su plantilla para «garantizar su supervivencia».

Asimismo, ampliamente denunciadas han sido otras normas como la de «Agentes Extranjeros» —una barrera a las actividades de oenegés u opositores al impedir su financiación desde el extranjero— o la de «Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz», que señala que aquellas personas que promuevan protestas contra el Gobierno o pidan sanciones sean calificadas como «traidores». En este escenario se enmarca la represión contra una treintena de opositores —siete de ellos, los principales rivales de Ortega para unas elecciones presidenciales del 7 de noviembre catalogadas ya de «farsa» por países y oenegés— que han afectado hasta al que fuera vicepresidente del mandatario en los años 80, el escritor —exiliado en Costa Rica— Sergio Ramírez, acusado de conspiración y de incitación al odio.

Situación límite

Estos movimientos represivos, aprobados en un contexto pandémico donde la falta de transparencia y la corrupción —vinculada incluso a los hijos del presidente— se han exacerbado, han sido solo el último golpe a un país al límite. Acuciados por los abusos democráticos y la pobreza —que según destacaba la Comisión Económica para América Latina, podría afectar ya a más de la mitad de la población— decenas de miles de nicaragüenses han migrado a otros territorios como Costa Rica. Mientras, el país se enfrenta a un creciente aislacionismo internacional, marcado además por sanciones desde Estados Unidos o la Unión Europea que han golpeado la economía del país. «No sabemos qué va a pasar a medio o largo plazo, pero es difícil pensar que Ortega y su mujer se puedan sostener así muchos años», concluye sobre ello Martí.  

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