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Crisis migratoria en Europa del este

Polonia y Lituania vetan a onegés y periodistas el acceso a los refugiados

Los gobiernos de ambos países son acusados de afrontar la crisis migratoria como un problema de seguridad exento de implicaciones humanitarias

Una familia iraquí rodeada por la policía polaca en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

"No tiene derecho a estar aquí; no vamos a hacer ningún comentario sobre la situación; para eso, diríjase al servicio de fronteras en Bialystok, o mejor, acuda a Varsovia".

Con cara de pocos amigos, dos funcionarios del puesto fronterizo de Kuznica retienen durante 20 minutos a un periodista acompañado de un contacto bielorruso que sacaba fotografías e imágenes del lugar. Tras chequear las identidades y confiscar brevemente sus pasaportes, los guardas recuerdan que desde septiembre se halla vigente el estado de emergencia en una franja de tres kilómetros junto a la frontera, y exigen a sus interlocutores que regresen a su coche y abandonen el lugar bajo amenaza de arresto.

La escena se repite tres centenares de kilómetros al noreste, en el sur de Lituania, concretamente en la localidad de Pabrade, al este de Vilnius, la capital. Tras un puñado de millas en las que la carretera discurre en paralelo al linde fronterizo con Bielorrusia, en medio de un desangelado descampado bordeando un frondoso bosque, se eleva el campamento donde las autoridades de la república báltica han internado a los migrantes que han logrado cruzar la frontera. "Ni una entrevista a los internos; si quieren, pidan permiso en Vilnius", asegura un funcionario militar mientras señala un número de teléfono adherido al vidrio de la puerta, número en el que nadie responde.

El frío como excusa

En este lugar, en los últimos días, oficialmente debido al creciente frío, los internos han sido desalojados de las tiendas de campaña que ocupaban junto a la verja, que a su vez linda con la acera para los peatones, una circunstancia que permitió durante los meses estivales y otoñales a los informadores locales acercarse y conversar con los refugiados a través de la valla sorteando a la burocracia gubernamental. El trato que recibían los internos en el campamento había generado muchas protestas, llegándose incluso a producir durante el verano un motín protagonizado por migrantes que se quejaban de las condiciones de vida y la imposibilidad de salir del recinto, según activistas bielorrusos en Lituania.

Que tanto Polonia como Lituania afrontan la crisis como un problema de seguridad exento de implicaciones humanitarias lo prueba el inquietante mensaje que reciben todos los teléfonos móviles extranjeros en cuanto se acercan a la zona fronteriza, remitido por el Gobierno polaco en inglés, árabe y ruso: "La frontera está sellada; las autoridades bielorrusas os han contado mentiras. ¡Volved a Minsk! No toméis ningunas píldoras que os ofrezcan los soldados bielorrusos". Existe el rumor de que los guardas bielorrusos entregan a los emigrantes metadona, un fármaco utilizado en la desintoxicación de los drogodependientes, para soportar mejor la dureza de la travesía.

Los trabajadores humanitarios tampoco disponen de mejor acceso que los reporteros. Robert Onus, director de emergencias para Polonia, Lituania y Bielorrusia, expresa a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, su frustración ante imposibilidad de que el personal de su organización se acerque "a tres kilómetros" de la demarcación. "Sabemos que muchos (de los migrantes) se quedan durante días en esa franja, pero no podemos acceder a ellos", se lamenta. Pese a haber mantenido MSF conversaciones con autoridades locales y el servicio de fronteras polaco, la respuesta negativa es siempre la misma, concluye Onus, antes de dibujar un sombrío panorama para las próximas semanas: "vamos a peor porque la meteorología empeora y no se vislumbra una solución a corto plazo". Según fuentes de las organizaciones humanitarias, los activistas que trabajan sobre el terreno "prefieren mantener un perfil bajo y no hablar con los medios" para no provocar las iras de las autoridades locales.

Temor en la oposición

A medida que la crisis se agudiza, crece la inquietud entre los sectores opuestos al Gobierno de Varsovia, encabezado por el partido ultraconservador Ley y Justicia -junto con Hungría, el socio más incómodo que tiene en estos momentos la UE- de que las autoridades utilicen la crisis para realizar nuevos recortes de las libertades civiles, habida cuenta de que el próximo 1 de diciembre vence el plazo del estado de emergencia y que, de acuerdo con la legislación polaca, éste no puede ser prolongado. "Puede suceder", afirma sin dudar a EL PERIÓDICO Margorzata Kulwaczewska Figat, periodista del portal de internet izquierdista Strajk.eu. "Son muy creativos cuando se trata de inventar nuevas leyes", continúa, en tono de sarcasmo.

La próxima construcción del muro fronterizo podría convertirse en la justificación ansiada por la oficialidad para que se mantenga la zona de exclusión en torno a la frontera, apunta la periodista: podrían declarar el asunto de "seguridad nacional", convirtiendo en permanente esa zona de exclusión. Kulwaczewska Figat cree que la sociedad polaca está muy polarizada en torno a la cuestión migratoria: "Unos consideran que son seres humanos a los que hay que ayudar, mientras que otra apoya sin fisuras el estado de emergencia y al Gobierno".

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