Decía Honoré de Balzac ya en el siglo XIX que, cuando se afronta una gran crisis, «el corazón se rompe o se curte». Su aseveración, si se mira a la realidad que hoy afronta Polonia, parece no haber perdido su vigencia. Desde hace años, el corazón de parte de la población polaca vive a caballo entre las premisas del novelista francés, rompiéndose en una crisis social que se extiende en el país mientras trata de curtirse —a la espera de un cambio político— para evitar la pérdida de derechos.
Porque el Gobierno ultraconservador de Mateusz Morawiecki ha impulsado en los últimos meses una agenda de leyes restrictivas en asuntos que van desde principios democráticos —como la libertad de prensa o la independencia judicial— hasta menoscabar derechos como el aborto o fomentar el rechazo al colectivo LGTBI, ataques que han provocado su enfrentamiento frontal con la Unión Europea y que han derivado también en una mayor desarmonía social.
«Da igual en qué país vivas, ningún gobierno debería decirte lo que hacer con tu cuerpo», remarca una joven
«Somos un país cuya democracia tiene 30 años, es aún muy joven. Aún no estamos acostumbrados a tener esa libertad y a veces no la respetamos», admite sobre la actual situación Vivien, una joven polaca que vive en la ciudad de Gdansk (norte). Crítica con el horizonte «preocupante» que ve en el país, sostiene que el Gobierno «está siguiendo un mal camino, dando pasos hacia atrás en derechos como el aborto —norma que, avalada por una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional polaco, restringe la interrupción del embarazo solo a tres supuestos: la violación, el incesto o el riesgo para la salud de la gestante, eliminando una malformación del feto— cuando deberían mirar hacia delante». «Eso no es bueno», insiste.
En esta misma línea se manifiesta Natalia, ucraniana de nacimiento pero que desde hace siete años vive en Polonia. «Es una cuestión de mis derechos como persona, como mujer. Da igual en qué país vivas, ningún gobierno debería decirte lo que hacer con tu cuerpo», remarca sobre una postura en la que incide también Zuza, otra joven polaca que asegura que restringir aún más este derecho ha dejado a las mujeres «extremadamente preocupadas por quedarse embarazadas, sobre todo si puede haber alguna complicación».
Protesta ciudadana
Sin ir más lejos, a principios de noviembre miles de personas salieron a las calles de Polonia en una nueva manifestación contra la norma después de que Izabela —una mujer embarazada de 22 semanas— falleciera en un hospital de Pszczyna (sur) por un shock séptico. Los doctores, horas antes, se habían negado a realizarle una interrupción de la gestación pese a detectar que, por presentar graves anomalías, el feto no iba a poder sobrevivir.
Sin embargo, no solo los derechos reproductivos han estado en la diana de las políticas legislativas de Varsovia, abriendo con ellas brechas entre la población. Actualmente, el Parlamento polaco está tramitando un proyecto de ley para prohibir las protestas a favor del colectivo LGTBI o la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, normativa que se sumaría al hecho de que más de un centenar de municipios del país se han declarado zonas «libres de LGTB» o los frecuentes ataques verbales del Ejecutivo hacia al colectivo por poner, según su visión, en riesgo la «identidad nacional polaca» y sus valores. Zuza, frente a estos ataques «discriminatorios», enfatiza la necesidad de combatir, ya que la «sexualidad de las personas no debería tener absolutamente ningún impacto en los derechos que tienen como ciudadanos».
Miles de personas protestaron en la calle en noviembre tras la muerte de una mujer cuyo feto era inviable
El choque con la UE
Todos estos ataques, de momento, han provocado ya que Bruselas tome acciones contundentes contra Varsovia, llevándola ante los tribunales europeos y abogando —ante la crítica del Ejecutivo polaco y de otros países señalados por su deriva autoritaria como Hungría— por condicionar los necesarios fondos de recuperación al respeto del Estado de derecho. No obstante ha sido precisamente la justicia —aunque en este caso la polaca— la que ha abierto el gran cisma con el ente comunitario. Porque una polémica sentencia de su Constitucional en octubre, señalando la preeminencia de las leyes nacionales frente a las europeas —y rompiendo así uno de los principios fundamentales de la Unión—, ha ocasionado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenace a Varsovia con utilizar «todos los poderes que nos conceden los Tratados» para garantizar la primacía legal europea.
Ante ello, Aleksander —un hombre gedanense que reconoce no estar tampoco contento con el rumbo que sigue el país— considera que lo mejor que podría hacer Polonia sería «mantener nuestros propios objetivos y trabajar lo mejor posible con la UE en aquellas materias en las que sea necesario, pero no siempre». Zuza, por el contrario, agradece la intervención europea ante las amenazas de Polonia y resalta que los puntos de conflicto entre Bruselas y Varsovia «deberían haberse abordado y debatido antes de que nos uniéramos a la UE, no ahora». La fractura del país entre ambas posturas, cada vez más, parece irreconciliable.
