El pulso de Polonia y Hungría contra el mecanismo que condiciona el desembolso de los fondos europeos al respeto del estado de derecho ya tiene respuesta de la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la UE ha desestimado este miércoles el recurso planteado por el primer ministro hungaro, Viktor Orban, y su colega polaco, Mateusz Morawieki, al considerar que el mecanismo que condiciona el desembolso de los fondos europeos, acordado in extremis por los Veintisiete a finales de 2020 pero denunciado posteriormente por Varsovia y Budapest, es compatible tiene una "base jurídica adecuada", es conforme con el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado y respeta los límites de las competencias europeas y el principio de seguridad jurídica.

El reglamento entró en vigor el pasado 1 de enero aunque hasta ahora su aplicación ha permanecido congelada a la espera del pronunciamiento de la corte europea. Prueba de la importancia del caso, no obstante, es que la corte ha tramitado la denuncia por la vía acelerada, que el caso ha sido dirimido en Gran sala (quince jueves) debido a la complejidad del asunto, y que el Tribunal ha emitido su lectura en directo, algo que raramente ocurre. 

La sentencia sigue la línea marcada por el abogado general de la UE a principios de diciembre pasado cuando concluyó que el reglamento, negociado en el marco del plan de recuperación Next Generation EU y el marco presupuestario de la UE para el período 2021-2027, se sostiene sobre la base jurídica adecuada, es compatible con los límites que marcan los Tratados y respeta el principio de seguridad jurídica, los tres elementos que cuestionaban Orban y Morawiecki y que ha desestimado el TJUE.

Base y seguridad jurídica

Respecto a la base jurídica, los jueces recuerdan que el procedimiento de bloqueo de fondos tiene como objetivo proteger el presupuesto de la UE cuando se ve afectado "de un modo suficientemente directo" por la vulneración de los principios del Estado y de derecho, y no sancionar como tal la vulneración. Sostiene además que solo se puede activar cuando existen "motivos razonables" no solo de una violación del estado de derecho por parte de un Estado miembro sino, sobre todo, de que la vulneración afecta o amenaza con afectar gravemente y de forma "suficientemente directa" la buena gestión financiera del presupuesto de la UE o la protección de los intereses financieros. Por ello, consideran que el mecanismo de condicionalidad "puede estar comprendido en la competencia que los Tratados confieren a la Unión para establecer normas financieras relativas a la ejecución del presupuesto de la Unión".

Los jueces recuerdan además que el respeto de los valores comunes de la UE es "un requisito" para disfrutar de los derechos que confiere el Tratado, que no termina cuando un país deja de ser candidato y se integra en la UE. En cuanto al procedimiento sancionador previsto en el artículo 7 del Tratado, que permite a la UE castigar con la retirada del derecho de voto en el Consejo a un Estado miembros, los jueces concluyen que el objetivo de este procedimiento y el nuevo mecanismo son distintos y que las facultades conferidas a la Comisión y al Consejo "no sobrepasan los límites de las competencias atribuidas a la Unión". El TJUE también concluye que el mecanismo respeta el principio de seguridad jurídica porque la Comisión "debe respetar, sometida al control del juez de la Unión, requisitos procedimentales estrictos, que suponen, entre otros trámites, varias consultas con el Estado miembro de que se trate".

Estado de derecho, innegociable

El pronunciamiento final de los jueces, que pone punto final a un proceso en el que se han personado en defensa del mecanismo además de los servicios jurídicos de la Comisión Europea los de una decena de países de la UE-desde Francia, Alemania, Irlanda, Dinamarca hasta España o Luxemburgo-, abre la puerta a que Bruselas active de una vez por todas el mecanismo contra Varsovia y Budapest, como reclaman varios grupos del Parlamento Europeo que han denunciado incluso a Bruselas ante la corte europea por inacción en este terreno.

"El Parlamento Europeo espera ahora que la Comisión aplique el mecanismo de condicionalidad rápidamente. La condicionalidad de los fondos de la UE vinculada al respeto del Estado de derecho no es negociable para la Eurocámara", ha dicho su presidenta, Roberta Metsola. "La Comisión defenderá el presupuesto de la UE contra las violaciones de los principios del estado de derecho. Actuaremos con determinación", ha prometido la presidenta Ursula von der Leyen, quien ha anunciado la adopción en las próximas semanas de orientaciones sobre la aplicación práctica del mecanismo.

Polonia aspira a recibir 36.000 millones de euros del fondo de recuperación y Hungría 7.200 millones, a los que se suman miles de millones más en fondos regionales y agrícolas. El veredicto, en este sentido, supone un nuevo revés para sus intenciones, dado su bagage de denuncias y sentencias por vulnerar valores y principios europeos.

Aún así, previsiblemente recurrirán la sentencia y seguirán dando batalla. "El TJUE ha adoptado una decisión política debido a nuestro próximo referéndum sobre la protección de los niños. La última sentencia es un ejemplo de la forma en la que Bruselas abusa de su poder", ha dicho Zoltan Kovacs, portavoz de Orbán. "Necesitamos defendernos contra los ataques a nuestra soberanía. Polonia tiene que defender su democracia contra el chantaje que busca retirarnos nuestro derecho a decidir por nosotros mismos. Sobre todo, teniendo en cuenta que se pretende que Polonia pierda fondos por medidas que son un estándar en España o Alemania", ha criticado el viceministro de justicia polaco, Sebastian Kaleta.