Las placas tectónicas del aborto se sacuden en Estados Unidos. Aunque la protección constitucional del derecho sigue en pie mientras no haya sentencia en firme del Tribunal Supremo, el borrador filtrado el lunes con la opinión de la mayoría conservadora eliminando esa protección y devolviendo la regulación exclusivamente a los estados ha acercado ya una nueva realidad. Y para ese nuevo mundo, que en muchos casos representa una vuelta al pasado, se preparan mujeres, proveedores de servicios médicos, activistas y políticos de todo el espectro.
El primer impacto de la casi segura revocación de Roe v. Wade y Casey, las dos sentencias de 1973 y 1992 que en estas cinco décadas han protegido el derecho, se vivirá en 13 estados controlados por republicanos que ya tienen aprobadas leyes que, inmediatamente tras la decisión del Supremo, ilegalizarán el aborto en sus territorios. Según datos del Instituto Guttmacher, en otros 13 estados conservadores hay leyes o enmiendas preparadas que también acelerarían la ilegalización total o casi. Las clínicas que practican allí interrupciones del embarazo empezarían a cerrar en los días siguientes tras una sentencia del Supremo, mientras que en otros el proceso llevaría meses.
En el otro lado de la ecuación, 16 estados progresistas y el Distrito de Columbia tienen normas que protegen el derecho al aborto. Varios de esos estados controlados por demócratas han estado preparándose para abrir clínicas cerca de estados limítrofes conservadores. También han hecho esfuerzos para asegurar financiación que ayude a las mujeres de los estados restrictivos a acceder a abortos seguros. Oregón, por ejemplo, ha reservado 15 millones de dólares para asistir a esas pacientes. El estado, según datos del Instituto Guttmacher, podría ver aumentar un 243% el número de mujeres para las que sus proveedores de aborto serían los más cercanos.
Golpe a jóvenes, pobres y de minorías
Los fondos gubernamentales o los que recaudan organizaciones civiles serán fundamentales para asistir a las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo en estados donde dejaría de ser posible. Según datos de Guttmacher, la mayoría de quienes requieren de un aborto en EEUU son mujeres jóvenes (veinteañeras), solteras, con al menos un hijo ya, de bajos ingresos y, desproporcionadamente, negras (el 13% de la población pero quienes reciben el 33% de los abortos). Para muchas, por condiciones económicas, laborales y sociales, no sería siquiera posible viajar a otros estados.
Cálculos y análisis realizados hasta ahora estiman que el número de abortos con las ilegalizaciones en EEUU se reduciría un 14%. En el caso reciente de Texas, donde se implementó una prohibición parcial (con el aval del Supremo conservador), la reducción de los abortos quirúrgicos fue del 50% pero la total fue solo del 10%, en buena parte porque más mujeres viajaron a otros estados u ordenaron píldoras abortivas.
Las píldoras, nuevo frente de batalla
Esas píldoras, con las que según datos del instituto Guttmacher se realizaron en 2020 el 54% de los abortos en EEUU (23% más que en 2014), se habían convertido ya en el último frente de batalla en las guerras del aborto desde que el año pasado la Administración del Medicamento (FDA) relajó las normas para acceder a ellas. Anticipando la decisión del Supremo, en varios estados conservadores se ha estado promulgando o preparando legislación que criminaliza y dificulta el acceso a las pastillas. 19 estados ya prohíben que se receten por vía de telemedicina o que se entreguen por correo. Mientras, estados gobernados por demócratas tratan de garantizar el acceso y proteger a quienes las faciliten a mujeres.
Además de a nivel estatal, la decisión del Supremo acelerará también los esfuerzos legislativos tanto de demócratas como de republicanos para intentar solidificar sus posiciones en el Congreso en Washington. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, ha prometido un voto para intentar avanzar legislación. Con solo 50 escaños, el filibuster que le obligaría a tener 60 votos en vigor y la oposición reconfirmada este martes del demócrata moderado Joe Manchin a revocar el filibusterismo, sería un mero voto simbólico. Tampoco los republicanos tienen ahora, en minoría, votos para hacer avanzar legislación restrictiva. Aunque recuperasen el control de las cámaras en noviembre y pudieran hacerlo chocarían, al menos hasta 2024, con el muro del veto seguro de Joe Biden en la Casa Blanca.
Con Polonia, Nicaragua y El Salvador
La sentencia que se espera del Supremo pondría a EEUU en compañía de Polonia, El Salvador y Nicaragua como los únicos países que, desde 1994, han restringido el acceso al aborto en lugar de ampliarlo, algo que han hecho 54 naciones según datos del Centro para Derechos Reproductivos. Varios estados de EEUU se alinearían con los 66 países que prohíben el aborto o lo permiten solo cuando la vida de la madre está en peligro, donde residen cerca de un cuarto de las mujeres del mundo en edad reproductiva.
