Casi 30 años de inacción legislativa en el Congreso de Estados Unidos para abordar el control de las armas de fuego habían asentado en el país la desesperanza y, también, el cinismo. Nada se consiguió, por ejemplo, después de que en 2012 la matanza en una escuela de Newtown enfrentara al país a sus peores demonios, ni después de que supervivientes del tiroteo de 2018 en un instituto de Parkland lanzaran una "revolución" contra las armas en 2018. Tampoco ante la escalera al infierno a la que se han van sumando cada vez más muertes por las balas, ya sea en suicidios o en actos de violencia. Pero hasta la pasividad ante el horror por intereses políticos ha demostrado tener un límite y EEUU, por primera vez en tres décadas, saca adelante con apoyo demócrata y republicano legislación que refuerza el control de armas.

La Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras es fruto de intensas negociaciones que los dos partidos iniciaron en respuesta a dos tragedias recientes: la matanza racista de 10 personas negras en un supermercado de Búfalo (Nueva York) y el asesinato de 19 niños y dos maestras en Uvalde (Texas). Queda lejos de las ambiciosas metas que propuso el presidente Joe Biden y que buscan los activistas, pero logra avances como ampliar la extensión y los plazos de comprobación de antecedentes de los compradores menores de 21 años, que ahora incluirán el historial juvenil y de salud mental.

El avance de la norma, sobre todo, ha demostrado que el impasse se puede romper y que la Asociación Nacional del Rifle, que se oponía a su aprobación, no es tan todopoderosa con su dinero y capacidad organizativa y de movilización de votantes como se ha mostrado las últimas décadas.

Intereses electorales

Con 15 republicanos sumándose a los 50 demócratas para sacarlo adelante, el proyecto de ley recibió luz verde en el Senado el jueves por la noche, solo horas después de que el Tribunal Supremo dictara una sentencia que va en dirección opuesta y que ha consagrado el derecho de los estadounidenses a llevar armas en público. Este viernes se vota en la Cámara Alta. Y de ahí se le entrega para la firma definitiva a Biden, que la celebró ya el jueves como una ley que “ayudará a proteger a los estadounidenses”.

Los detalles de los votos republicanos son reveladores. Solo dos de los senadores conservadores que la respaldaron se enfrentan en las elecciones legislativas de noviembre a la reelección, otros cuatro se retiran y el resto no tiene su cita con las urnas hasta 2026. Y entre quienes la han apoyado está Mitch McConnell, el influyente y poderoso líder conservador en el Senado, que no ocultó los cálculos electorales que entraron en juego en su decisión, especialmente ante la cercanía de esas legislativas en las que los demócratas pueden perder el control de las Cámaras. “Será visto favorablemente por votantes en los suburbios que necesitamos recuperar con esperanza de volver a ser la mayoría”, dijo sin tapujos McConnell, que tenía en su poder una encuesta que le decía que que entre el 79 y el 86% de sus votantes apoyaban algunas medidas de la propuesta. McConnell también apuntó a que la nueva ley mantiene las protecciones constitucionales de la segunda enmienda, intocable para muchos votantes conservadores.

Las medidas

Dotada con 15.000 millones de dólares, la ley incluye 750 millones para financiar programas de prevención de violencia y para los 19 estados y el Distrito de Columbia que tienen leyes de “bandera roja”, que facilitan confiscar temporalmente las armas de fuego a personas que representan un peligro para sí mismas o la comunidad. También destina dinero a estados y comunidades para financiar servicios de salud mental y para mejorar la seguridad escolar. Asimismo, amplía el número de vendedores que tendrán que hacer las comprobaciones de antecedentes antes de vender armas y subirá las multas para los traficantes.

Otro de sus logros es que cierra lo que se conocía como “el vacío legal del novio”. Hasta ahora la ley federal prohibía obtener un arma a una persona condenada por violencia de género pero solo incluía a quienes estuvieran casados, cohabitaran con su pareja o tuvieran hijos en común. La nueva norma amplía el veto a quienes tengan una “relación seria”, sin requerir matrimonio, cohabitación o descendencia.

En el tintero han quedado metas de Biden y los activistas que son una línea roja para los conservadores: subir la edad mínima para comprar armas de asalto de los 18 a los 21 años, restaurar el veto a esas armas de asalto que estuvo en vigor entre 1994 y 2004 o ilegalizar los cargadores de alta capacidad.