Los “falsos referéndums" en los territorios ucranianos ocupados de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, las últimas amenazas nucleares o la movilización de 300.000 reservistas para seguir alimentando la guerra del Kremlin en Ucrania ya tienen respuesta de la Comisión Europea. “Rusia ha escalado la invasión a un nuevo nivel. No aceptamos los falsos referéndums ni ningún tipo de anexión en Ucrania y estamos decididos a hacer que el Kremlin pague por esta nueva escalada”, ha avisado este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Su respuesta: el esperado octavo paquete de sanciones contra Rusia con nuevas restricciones comerciales, más individuos sancionados, la prohibición de que europeos integren los consejos de administración de empresas públicas rusas (como el ex canciller alemán Gerhard Schröder) y un tope al precio del petróleo ruso para terceros países, en línea con el acuerdo de los países del G7.

Los Veintisiete aprobaron antes del verano la prohibición de importar vía marítima petróleo y productos petrolíferos refinados de Rusia, con un periodo transitorio que expira el 5 de diciembre. La medida propuesta este miércoles por Bruselas aspira a seguir impidiendo a Vladimir Putin lucrarse de la venta de este combustible fósil y reducir los beneficios que obtiene a nivel internacional. “Sabemos que algunos países en desarrollo siguen necesitando algunos suministros de petróleo ruso, pero a precios bajos. Por ello, el G7 ha acordado en principio introducir un tope de precios del petróleo ruso para terceros países. Este tope del precio del petróleo ayudará a reducir los ingresos de Rusia, por un lado, y mantendrá estables los mercados energéticos mundiales, por otro. En este paquete lo que hacemos es sentar las bases legales para este tope del precio del petróleo”, ha explicado la alemana. Es decir, si la medida es avalada por los Veintisiete prohibirá que los barcos y aseguradoras transporten o avalen petróleo ruso si se vende por encima del precio tope.

Restricciones al comercio

La nueva ronda de sanciones también aboga por restringir aún más el comercio con Rusia con el objetivo de doblegar y aislar la economía rusa. Según los cálculos de Bruselas las nuevas medidas privarán al Kremlin de 7.000 millones de euros adicionales en ingresos. El plan de la Comisión contempla limitar la lista de productos que se pueden exportar a Rusia, particularmente de tecnologías punteras de doble uso que pueden ser utilizadas por el ejército ruso para continuar con su guerra. “Se trata, por ejemplo, de otros artículos de aviación, de componentes electrónicos y sustancias químicas específicas”, ha explicado la presidenta sobre una medida que busca debilitar económicamente al Kremlin y merma su capacidad de modernización.

El octavo paquete también contempla impedir la prestación de servicios europeos a Rusia así como la prohibición de que los nacionales de la UE formen parte de los órganos de gobierno de las empresas estatales rusas. Se trata de una medida que podría afectar al ex canciller alemán Gerhard Schröder, que sigue ocupando un alto cargo en la compañía estatal rusa de gas Gazprom. “Rusia no debe beneficiarse de los conocimientos y la experiencia europeos”, ha explicado Von der Leyen que aspira con esta nueva ronda a reprimir la elusión de las sanciones. Para ello, añadirán una categoría más a la lista de personas sancionadas para garantizar un efecto disuasorio. “En esta categoría, podremos incluir en la lista a las personas que eludan nuestras sanciones. Por ejemplo, si compran productos en la Unión Europea, los llevan a terceros países y luego a Rusia, se trataría de una elusión de nuestras sanciones, y esas personas podrían ser incluidas en la lista. 

Más individuos sancionados

La propuesta también contempla seguir aumentando la lista negra de individuos y entidades castigados por la UE y en la que figuran hasta ahora más de 1.300 personas personalidades como el propio Vladimir Putin, su ministro de exteriores, Serguei Lavrov, oligarcas como Roman Abramovich, los 315 miembros de la Duma rusa, miembros del consejo nacional de seguridad, militares y responsables de las atrocidades cometidas en Ucrania así como altos funcionarios, empresarios y propagandistas. Aunque sin mencionar nombres y apellidos, la intención, según ha explicado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, es castigar a los implicados en la ocupación y anexión ilegal de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia así como a otras personas rusas que organizaron y facilitaron los “referendos” falsos en estas cuatro zonas ocupadas de Ucrania. 

También sancionarán a más propagandistas, nuevos responsables militares y altos cargos del ministerio de defensa ruso, particularmente aquellos que apoyan a las fuerzas armadas rusas mediante el suministro de equipos y armas del ejército, incluidos misiles y aviones de combate, y participan en el reclutamiento de estos 300.000 soldados. Como todas las rondas de sanciones las medidas requerirán la unanimidad de los 27 países de la UE, algo que a priori no parece sencillo vista la posición de Hungría. "Podemos decir sin temor a equivocarnos que, como resultado de las sanciones, los europeos se han empobrecido, mientras que Rusia no ha caído de rodillas", decía a principios de semana el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. A su juicio, las sanciones han sido "contraproducente" y con ellas la UE "se ha disparado en el pie".