El exjuez y jurista español Baltasar Garzón aseguró este viernes que la condena a ocho años de prisión por cohecho dictada por la Justicia de Ecuador contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017) fue preconcebida con el objetivo condenarlo y evitar que pudiera ser candidato en las elecciones de 2021.

En una conferencia ofrecida en la ciudad de Guayaquil durante un seminario sobre el caso Sobornos, en cuya sentencia fue condenado Correa y otros altos funcionarios de su Gobierno, Garzón consideró que el dictamen es un ejemplo de "lawfare", concepto que tradujo al español como "guerra judicial" o "guerra jurídica".

"El 'lawfare' es la perversión del concepto de Derecho. Los jueces y fiscales que hemos ejercido como tales tenemos la obligación de denunciar este fenómeno. No somos partícipes políticos en la dirigencia de un Estado. No podemos prestar el derecho a quien dirige las instituciones de un país", sostuvo Garzón.

En la sentencia del caso Sobornos, que ya es firme desde 2020, se declaró a Correa como culpable de cohecho en calidad de autor mediato (con dominio y conocimiento del hecho) de la financiación ilegal del partido oficialista Alianza País a través de aportes indebidos de empresas.

Según Garzón, en ese dictamen judicial "hay una preconstitución de hechos y una sentencia que tenía un objetivo incompatible con la interpretación racional, proporcional y contrastada del Derecho".

Garzón, que en su conferencia analizó la sentencia del caso Sobornos desde la perspectiva del derecho internacional, sostuvo que la condena a Correa, que reside actualmente en Bélgica, se enmarca en una judicialización de la política para, a través de la administración de justicia, lograr fines u objetivos políticos.

Sentencia "incomprensible"

Para Garzón, la sentencia es "incomprensible, y cuando una sentencia es incomprensible viene determinada por que la selección de los objetivos se ha producido antes, y eso sí que es peligroso", ya que no encuentra en ella la acreditación y comprobación de la comisión de una conducta punible.

"Casi hemos llegado a una especie de imputación objetiva por el cargo. Rafael Correa estaba arriba y tenía que saber todo lo que pasaba abajo, real o no real, pero todo se lo adjudicamos, porque objetivamente se quería ese resultado", señaló Garzón.

El exjuez español también criticó que se diesen por buenos los testimonios de colaboradores eficaces (delatores premiados) sin que se demostrase con pruebas sus declaraciones ni se contratasen con otros testigos.

"Se parte de un testimonio prestado sin ningún tipo de garantías en una fase de instrucción, donde esas afirmaciones se toman como palabra del Altísimo, y eso hace muchos años que en ningún estado democrático se acepta que sea así, ni siquiera en los casos de violencia de género", indicó Garzón.

"No son palabra de Dios", añadió Garzón al indicar que "el testimonio de los coacusados no es suficiente para una condena por sí mismo, tiene que ser corroborado y llevar a otros elementos que nos lleven a la certeza absoluta de que esto ha ocurrido así".

"Contra líderes progresistas"

Garzón aseveró que, "normalmente, esa instrumentalización (de la Justicia) se produce contra líderes populares y gobiernos progresistas que tratan de hacer algo diferente a favor de las clases más desfavorecidas, en avanzar en consolidación de derechos".

Como ejemplo de su afirmación puso el caso del nuevamente presidente electo de Brasil Luiz Inácio "Lula" Da Silva, donde Garzón señaló al juez Sergio Moro de "decidir, en una confabulación con el Ministerio Fiscal y su responsable, establecer una serie de mecanismos para producir un resultado inmediato".

El jurista recordó que Lula Da Silva no pudo presentarse a las elecciones de 2018 por estar en la cárcel, y que eso tuvo consecuencias tanto para Brasil como para el resto del mundo, con "impactos planetarios sobre los ecosistemas" ante "las políticas ultarreacionarias de post-fascismo de Jair Bolsonaro".

En el seminario internacional "Caso Sobornos", organizado con el aval de la Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), la Universidad a Distancia de Madrid (Udima) y la ecuatoriana Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), también participó el abogado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni y la abogada Vanessa Zavala.