El Gobierno de Giorgia Meloni ha presentado su primer proyecto de ley de presupuestos, que fue aprobado anoche por el Consejo de Ministros y deberá ahora superar el examen parlamentario. Las cuentas para 2023 contemplan medidas por valor de unos 35.000 millones de euros para hacer frente, en gran parte, a la emergencia socioeconómica generada por la crisis energética provocada por la guerra de Rusia en Ucrania. Pero también apuntan a contentar a la Liga de Matteo Salvini —el partido que, junto a Hermanos de Italia y Forza Italia, integra la coalición gubernamental—, al destinar fondos para los pensionistas y disminuir la presión fiscal a empresas y autónomos con las rentas más altas.

El proyecto de ley “se basa en un enfoque prudente y realista que tiene en cuenta la situación económica, también en relación con el escenario internacional”, ha asegurado el ministerio de Economía italiano, actualmente en manos del leguista Giancarlo Giorgetti. De acuerdo con el documento difundido por él, Italia se ha propuesto destinar gran parte de los recursos (unos 21.000 millones de los 35.000 millones) a contener el alza de los precios del gas y la electricidad, un gasto que implicará el aumento del déficit en un país que tiene ya una deuda pública cercana al 150% del PIB.

Sin embargo, la manovra, como se conoce esta legislación en Italia, también supone un hachazo contra la renta ciudadana, la medida símbolo del Movimiento 5 Estrellas, que en gran medida sostiene a personas del sur de Italia. Según lo acordado, se pondrá en marcha la transición hacia la derogación de este subsidio en 2024, por lo que sus actuales destinatarios recibirán ayudas por un periodo máximo de ocho meses, en lugar de los 18 meses renovables de hasta ahora. Más aún, a partir del año próximo, se les exigirá la participación en cursos de formación por un periodo de seis meses y que acepten la primera oferta laboral “congruente”. En caso de no cumplir con estas exigencias, perderán este beneficio.

Jubilados

En paralelo, en materia fiscal, se ha previsto la opción de poder recurrir a un impuesto plano del 15% para los autónomos que ingresen hasta 85.000 euros al año (65.000 hasta ahora), y se ha establecido una amnistía fiscal para deudas de hasta 1.000 euros contraídas hasta el año 2015, así como la posibilidad de pagar en cuotas los de este año y de años anteriores (estos últimos, con una pequeña sanción). Además, se ha introducido un nuevo esquema de pensiones que permitirá a los contribuyentes jubilarse a los 62 años si han trabajado 41 años, mientras que se dará un plus a aquellos que deciden no abandonar sus puestos de trabajo.

Otras medidas son la suspensión de los impuestos sobre el plástico y las bebidas azucaradas, así como la limitación de los pagos en efectivo a los 5.000 euros (1.000 hasta ahora), y nuevos recursos para familias de más de tres hijos, escuelas concertadas y empresas que deciden contratar a nuevos empleados de menos de 36 años con contratos de tiempo indeterminado. Se reactivará también el megaproyecto de construcción del Puente de Messina, una medida promovida por Salvini y cuyos costes no están claros. 

En el frente de los ingresos, el Ejecutivo de Meloni ha previsto obtener alrededor de 1.000 millones por la revalorización de bienes y productos financieros estatales, así como de nuevos impuestos sobre el tabaco por un valor de 138 millones de euros. De igual manera, se ha previsto aumentar la tasación a los beneficios extraordinarios de las eléctricas hasta el 35%. En esta línea, la ley ha sido calificada por algunos expertos de continuista con la política ortodoxa de Mario Draghi, el anterior mandatario. El interrogante es cómo Bruselas recibirá este paquete, ya criticado por la oposición de centroizquierda y al que también está vinculada la entrega de los fondos de recuperación europeos aún no recibidos por Italia.