Relevo en la Casa Blanca

Trump da marcha atrás y anula la congelación de subvenciones públicas

La Casa Blanca cede a la presión judicial y social de una medida impopular que dejaba sin fondos a organismos públicos que proveen servicios básicos como la salud y la educación

Donald Trump da marcha atrás y anula la congelación de subvenciones públicas

Donald Trump da marcha atrás y anula la congelación de subvenciones públicas / WILL OLIVER / EFE

Irene Benedicto

Irene Benedicto

Apenas un día después de que la Casa Blanca de Donald Trump anunciara que congelaba miles de millones de subvenciones y préstamos de ayudas públicas destinadas a programas con las que no está de acuerdo ideológicamente, el presidente da marcha atrás. Ante la presión judicial y social, la Administración ha preferido no librar esa batalla. Un giro de 360 grados que empieza y acaba con la decisión ejecutiva del presidente y que, lejos de probar que hay guardarraíles para contener a Trump, refuerza la idea de que solo él puede poner sus propios límites.

Este retroceso, que ha adelantado este miércoles por la tarde el Washington Post tras obtener un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto de EEUU, responde a la alta impopularidad de la medida. En el memorando fechado el miércoles y distribuido a las agencias federales, Matthew J. Vaeth, director en funciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, afirma que la congelación de fondos públicos "queda rescindido".

El mismo Vaeth, al servicio de Trump, había justificado esta misma semana que "el uso de recursos federales para promover la equidad marxista, la transexualidad y las políticas de ingeniería social del nuevo pacto verde es un despilfarro del dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos", en el documento que anunciaba la congelación de fondos.

Batalla legal

Este paso atrás llega después de que un juez federal en Washington DC, detuviera temporalmente la aplicación de la medida ejecutiva hasta el 3 de febrero para estudiar su legalidad. Este tiempo de descuento permitía a los defensores de la salud pública, organizaciones sin fines de lucro y empresas – representadas por el grupo de izquierda Democracy Forward – más tiempo para elaborar una estrategia con sus abogados que consiguiera en última instancia impugnar la directiva.

La batalla legal se replicó por todo el país: más de veinte de fiscales generales de diferentes estados presentaron el martes sus propias demandas contra el Gobierno federal, alegando que la pausa en el gasto federal había perjudicado a sus ciudadanos.

Los trabajadores de las propias instituciones públicas trataban de averiguar a contrarreloj hasta cuando tendrían dinero para seguir operando algunos de sus programas destinados comunidades desfavorecidas, desde mujeres, personas con discapacidad o granjeros afroamericanos. Lo mismo en el caso de las oenegés que dependían de estos fondos.

Salud, educación, pobreza

Desde atención médicaeducacióntransporte público, hasta ayudas para los afectados de desastres y préstamos para pequeños negocios son algunos de los programas federales que iban a dejar de recibir financiación. También se iba a detener el suministro en el extranjero de medicamentos vitales para el VIH, la malaria y la tuberculosis, así como suministros médicos para bebés recién nacidos en países apoyados por la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

La Casa Blanca matizó entonces que la suspensión de fondos no afectaría los pagos de la Seguridad Social (ayudas parciales por discapacidad o jubilación), tampoco a Medicare (atención sanitaria para los mayores de 65 años) pero se desconocía si se iba a interrumpir su programa hermano, Medicaid (que da cobertura sanitaria, destinado a personas de bajos recursos), a los cupones de alimentos, que permiten de nuevo a personas de renta baja comprar comida o a los programas de atención médica para veteranos del ejército.

Se termina así, al menos de momento, la breve vida legal de una medida ejecutiva que se había convertido en emblemática de la segunda presidencia de Trump. Por un lado, por su contenido, contra los servicios públicos básicos como salud y educación y, particularmente, contra minorías y personas de bajos recursos. Por otro lado, por su forma, un amplísimo decreto que trataba de moldear con un breve texto todas las patas de la administración según su ideología que, a pesar de ser ahora la imperante en Washington DC, no quiso pasar por el filtro del poder legislativo.

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