La Comisión Europea propone legalizar el uso de centros fuera de la UE para deportar personas migrantes

La Comisión Europea ha presentado este martes una nueva legislación que pretende armonizar y endurecer las políticas para deportar a personas migrantes que no tengan derecho a residir en territorio comunitario, y en la que ha propuesto regularizar el establecimiento de centros de expulsión fuera de la Unión Europea (UE), aunque con condiciones.

En abril de 2020, el entonces primer ministro británico Boris Johnson propuso enviar a Ruanda a las personas que llegaran al Reino Unido de manera irregular, sin examinar su caso ni posibilidad de retorno. Entonces, la Comisión se llevaba las manos a la cabeza y cuestionaba la legalidad del plan.  

En noviembre de 2023, la primera ministra de Italia, la ultra Georgia Meloni, cerró un acuerdo con Albania para que las personas rescatadas en el mar y que solicitaran asilo fueran trasladadas a centros de retención en el país balcánico para proceder a la evaluación de su caso. El modelo no ha tenido demasiado éxito frenado en gran medida por decisiones judiciales. Pero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó las virtudes del mismo.

Este martes, el Ejecutivo comunitario ha dado el paso de proponer un sistema que bebe de ambas ideas. El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha defendido en rueda de prensa que lo que plantea la Comisión es deportar a personas con una orden de expulsión en firme. "El modelo Ruanda es diferente al modelo Albania, y al de centros de retorno" que propone Bruselas, ha defendido Brunner. 

El comisario no ha aclarado en qué medida este sistema puede ser más útil que los mismos centros en territorio europeo. Se ha limitado a explicar que la Comisión no pone en marcha los centros sino simplemente propone el marco legal para hacerlo. "Los estados miembros tendrán que explorar si es posible o no, si podemos encontrar terceros países... Es una cuestión de negociación, acuerdos y organización", ha dicho. 

Brunner ha confirmado así que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen no hace sino cumplir los deseos de una quincena de países que hace un año pideron "soluciones innovadoras", pero deja en sus manos cómo hacerlo. La propuesta, en la práctica, da una base legal para que los gobiernos que lo consideren puedan enviar a un tercer país a las personas que se encuentren ilegalmente en la UE y hayan recibido una orden definitiva de expulsión, sobre la base de un acuerdo o convenio celebrado bilateralmente o a nivel de la UE.

La propuesta exige que los acuerdos se celebren con países que respeten "las normas y los principios internacionales de derechos humanos". La Comisión insiste en la importancia de monitorizarlo a través de organismos independientes. Solo aquellas personas que hayan agotado todos los recursos posibles a su orden de expulsión podrán ser enviadas a estos centros. Además, excluye de la medida a familias con menores y menores no acompañados.

Reglas más duras

Según el Ejecutivo comunitario, solo una de cada cinco personas con una orden de expulsión abandona la UE. La Comisión quiere cambiar esto y ha optado por hacerlo armonizando las normas en los veintisiete países miembros y también endureciendo las condiciones. "La clave de esta regulación está en que queremos tener una estrategia europea y claridad sobre los procedimientos que siguen todos los paíes", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión para la Soberanía, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

Por eso, Bruselas ha optado por una regulación frente a la directiva que sentaba las bases legales de las deportaciones en el pasado. Esto implica que en lugar de que cada país desarrolle las normas en base a la directiva europea, las reglas sean las mismas para todos los países. El objetivo es también que cualquier orden de expulsión contra una persona sea aplicable en todos los países de la Unión.

Las nuevas normas que ha propuesto la Comisión tratan de incentivar los retornos voluntarios, endureciendo las normas contra las personas que ignoren la orden de expulsión contra ellas. La legislación advierte de que las personas que reciban una orden de expulsión deberán cooperar con las autoridades. De lo contrario, se enfrentan a la denegación o reducción de prestaciones, la incautación de los documentos para viajar y la detención en caso de riesgo de fuga.

Bruselas ha advertido que las deportaciones forzosas tendrán lugar "cuando una persona que se encuentre ilegalmente en la UE no coopere, se fugue a otro estado miembro, no abandone la UE en el plazo establecido para la salida voluntaria o suponga un riesgo para la seguridad". Para evitar que esto suceda, Bruselas ha propuesto que se pueda solicitar a las personas en vías de expulsión una garantía financiera, o residir en un lugar designado por las autoridades. Además, la Comisión propone poder ampliar el periodo máximo en que una persona puede estar privada de libertad desde los 18 meses en la legislación actual hasta 24 meses.

Bruselas ha propuesto medidas específicas para personas que puedan suponer un riesgo para la seguridad. En este sentido, la Comisión ha insistido que los gobiernos deben examinar los casos desde el inicio. Estas personas estarán sujetas a normas más estrictas como la detención en centros específicos o prohibiciones a la entrada más prolongadas.

La negociación

El ascenso de la extrema derecha en buena parte de los países de la UE --desde Francia a Alemania pasando por Austria, Países Bajos, o Finlandia--, ha endurecido el debate sobre las políticas migratorias. Una quincena de países pidieron a la Comisión hace un año traducir ese discurso también en políticas más duras explorando "soluciones innovadoras".

La propuesta que ha presentado este martes la Comisión era uno de los flecos que el Pacto Migratorio dejó pendiente. Ahora, deberá ser ahora debatida y negociada tanto por el Consejo --donde están representados los gobiernos de los 27 países de la Unión-- como por la Eurocámara. En el primero, parece que será más fácil encontrar una mayoría de países dispuestos a explorar estas vías. La duda es cómo funcionará el debate en el Parlamento.

Socialdemócratas, liberales y verdes --el bloque del centro-izquierda que sostiene a Von der Leyen junto con los populares-- ya han advertido que se oponen a cualquier solución que pase por centros en terceros países. "Sería un error que la UE se inspirara en el plan Reino Unido-Ruanda, ahora cancelado, o en el acuerdo Italia-Albania. Son jurídicamente cuestionables y despilfarran enormes cantidades de dinero de los contribuyentes", ha asegurado la eurodiputada Birgit Sippel en un comunicado.

En la Eurocámara, sin embargo, existe ahora una mayoría alternativa, la conocida como "mayoría Venezuela". Esa mayoría pasaría por un acuerdo entre el PP europeo, los conservadores liderados por los Hermanos de Italia de Meloni, y la extrema derecha con el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen a la cabeza. La propuesta que trata de aplicar la Comisión podría depender de un acuerdo entre estas últimas para ser aprobada. Preguntado por la cuestión, el comisario de Migración ha dicho que se trata de "solucionar el problema", no de colores políticos.