Chequeo a las medidas de Donald Trump: qué anuncios del presidente de EEUU se van cumpliendo y cuáles no

Donald Trump ha iniciado su segundo mandato gobernando a golpe de decreto. Desde que tomara posesión el 20 de enero, ha firmado más de 150 órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones. Un torbellino de medidas expeditivas que está cambiando Estados Unidos y el mundo a marchas forzadas. En casa, impulsa un giro autoritario mientras trata de transformar la economía con políticas proteccionistas y de cumplir con sus promesas para la expulsión masiva de migrantes indocumentados. Fuera de sus fronteras, ambiciona territorios, doblega voluntades a golpe de amenazas y desprecia las alianzas tradicionales de EEUU, saltándose las normas establecidas del orden y el derecho internacional.

El ruido es tan intenso que EL PERIÓDICO ha hecho un seguimiento para examinar cómo avanzan las grandes medidas impulsadas por el republicano hasta la fecha, muchas de ellas, promesas de campaña reiteradas (e inclumplidas) incluso desde su primer mandato.

Esas medidas aparecen aquí evaluadas con los colores del semáforo, que reflejan el grado de progreso alcanzado hasta ahora.  

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	Acabar con la guerra en Gaza	Ir →
	Aranceles a Canadá y México	Ir →
	Aranceles a China	Ir →
	Aranceles al acero y el aluminio de la UE	Ir →
	Aranceles recíprocos a la UE	Ir →
	Aranceles al vino, el champán y los licores de la UE	Ir →
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	Deportar a los inmigrantes irregulares	Ir →
	Anexionarse Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá	Ir →
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Poner fin a la guerra de Ucrania

Trump prometió acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas y, según lo anticipado, era imposible de cumplir. Si bien ha abierto conversaciones con Rusia y Ucrania en paralelo, las circumstancias de este diálogo distan de lo que se considera negociación de paz. En cambio, Trump ha actuado de mensajero de Vladímir Putin sobre sus exigencias sobre mantener la ocupación del territorio ucraniano y acorraló a su homólogo ucraniano en la famosa bronca en la Casa Blanca. Además, el propio presidente estadounidense ha añadido la condición de que EEUU pueda explotar los minerales raros de Ucrania como compensación por su ayuda económica al Ejército ucraniano durante la invasión, algo que ha escandalizado a los que se dedican a la mediación de conflictos.

Asimismo, el alto el fuego parcial de 30 días sugerido por Trump quedó enterrado bajo la inflexibilidad del Kremlin. Putin dio largas a su primera oferta para una tregua en todos los frentes e impuso una larga lista de condiciones a la oferta posterior para el cese de los combates navales en el mar Negro. Un jarro de agua fría para Trump, que dijo estar "muy enfadado" con el presidente ruso. No es para menos: el republicano se ha alineado con las posturas rusas en la negociación y, de momento, no ha obtenido nada a cambio. Mientras, sigue tratando de exprimir a los ucranianos, expresando también interés en hacerse con las plantas eléctricas y nucleares del país.

Acabar con la guerra en Gaza

El fracaso de sus promesas para la paz exprés también han chocado con una realidad mucho más compleja en Oriente Próximo. Trump fue determinante para que Israel y Hamás aceptaran un alto el fuego el pasado enero, un acuerdo en tres fases que debía conducir al final de la guerra. Pero sus propios negociadores no tardaron en traicionar el pacto para darle a Israel la oportunidad de continuar con su asalto genocida sobre la Franja, como quería Binyamín Netanyahu. Esencialmente, cambiaron lo acordado.

En lugar de negociar la liberación de los rehenes restantes a cambio de la completa retirada israelí de Gaza, como contemplaba la segunda fase del acuerdo, propusieron extender indefinidamente la tregua para obligar a Hamás a liberar a los rehenes sin recibir a cambio el final de la contienda. Cuando la milicia palestina rechazó la imposición, Israel reanudó sus bombardeos el pasado 18 de marzo.

Recientemente, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha invocado, por segunda vez, una situación de emergencia para saltarse al Congreso y enviar 4.000 millones de dólares en armas a Israel. Mientras, Trump ha advertido directamente a los militantes de Hamás (a través de redes sociales) de que si no liberan inmediatamente a todos los rehenes retenidos en Gaza, se enfrentarán a la muerte.

Aranceles a Canadá y México

México y Canadá son los mayores socios comerciales de EEUU y los primeros objetivos de sus políticas proteccionistas, con las que quiere reducir los déficits comerciales, lo que supuestamente debería incentivar la reindustrialización del país. Los pasos en falso, sin embargo, han sido la norma. El 1 de febrero Trump impuso aranceles del 25% todas las importaciones desde México y Canadá, pero los suspendió solo dos días después. Tras un mes de moratoria, entraron en vigor el 4 de marzo, pero de nuevo dos días después, suspendió hasta el 2 de abril los gravámenes sobre los bienes incluidos en el tratado de libre comercio entre las tres naciones. Nada de eso ha impedido que Canadá respondiera con sus propios aranceles de represalia del 25% sobre los automóviles fabricados en EEUU.

Y es que, a pesar de que Trump diera marcha atrás a los aranceles adicionales impuestos a Canadá en su 'Día de la Liberación', solo ha pausado (no retirado) los gravámenes adicionales anunciados ese día. Pero el regalo venía con trampa: EEUU seguirá imponiendo aranceles del 25% a los automóviles, el acero y el aluminio procedentes de Canadá, así como a cualquier producto con menos contenido norteamericano del exigido por el acuerdo comercial entre Canadá, EEUU y México. Además, el petróleo, el gas y algunos minerales procedentes de Canadá siguen sujetos a un arancel del 10%. 

México, por el momento, se reserva el tiro. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha adoptado un tono conciliador que parece haberse ganado el respeto de Trump, quien la semana pasada la calificó de "persona estupenda" y "mujer fantástica".

Aranceles a China

China se ha convertido en el chivo expiatorio de la guerra comercial de Trump. Después de su anuncio de aranceles masivos a todo el mundo, y con el pánico desatado en los mercados, Trump pausó las imposiciones para todos los países menos para China.

El presidente estadounidense había sido inicialmente menos agresivo con China que con sus vecinos y aliados norteamericanos, con unas imposiciones del 10% a todas las importaciones desde el país asiático como castigo por el tráfico de fentanilo, del que responsabiliza a Pekín. El 4 de marzo aumentaron hasta el 20%. China respondió con contramedidas, centradas en la industria agropecuaria estadounidense. Pero fue en ese 'Día de la Liberación', el 2 de abril, cuando Trump dio el salto y escaló los aranceles a China hasta la cifra extraordinaria del 145% para más de la mitad de las exportaciones de China a EEUU. Es decir, que un producto hecho en China costará tres veces más ahora. Mientras, China ha contraatacado con su propio impuesto del 125% sobre las importaciones procedentes de EEUU.

El argumento de la Casa Blanca es que este vaivén responde a una estrategia mayor para aislar a China del resto del mercado, pero los economistas están preocupados: temen que las guerras comerciales del republicano relancen la inflación y frenen el crecimiento. Solo un 38% de los estadounidenses comulga con su política comercial, según una encuesta reciente de Associated Press.

Aranceles al acero, el aluminio y los automóviles de la UE

El primer arancel en entrar en vigor fue el del 25% las importaciones de acero y aluminio de cualquier procedencia, que desde el 12 de marzo entró en vigor para materiales de toda procedencia, incluida la Unión Europea. Le siguieron los impuestos a los vehículos importados, que entraron en vigor el 2 de abril.

Ambas medidas tendrán un impacto directo sobre la industria europea, desde el sector del automóvil hasta los juguetes, pasando por los alimentos en lata. El 16% del acero de la UE se vende en el mercado norteamericano, también importante para Volkswagen, Volvo, Mercedes, BMW o Stellantis, que prevén caídas significativas en sus beneficios.

Aranceles recíprocos a la UE

Lo que Trump presentó como un sistema de "aranceles recíprocos", resultó no serlo. En un acto en la Casa Blanca con banderas de fondo y una gran tabla de aranceles, la Administración justificó los gravámenes a más de 100 países como respuesta a supuestas barreras comerciales no arancelarias, como el IVA en Europa. Pero los argumentos eran engañosos —el IVA también se aplica a productos nacionales— y los cálculos expuestos ni siquiera seguían esa lógica.

La fórmula real respondía a una obsesión con el déficit comercial, que ocurre cuando un país importa más bienes de los que exporta. Según explicó la Casa Blanca, el método consistía en dividir el déficit de bienes con un país entre el total de importaciones desde ese país, y luego dividir el resultado por dos.

Incluso en países sin déficit, como el Reino Unido, Trump impuso un arancel del 10%. Esta cifra 'base' es la que se ha quedado aplicada a todos los países tras el pánico que se desató en los mercados, que hizo a Trump pausar -- retroceder, en realidad-- los recargos específicos por país. La única excepción ha sido China, donde se han mantenido tarifas más elevadas.

Aranceles al vino, el champán y los licores de la UE

Los aranceles del 200% a vinos y licores europeos se han convertido en una batalla emblemática. Estos gravámenes vinieron en respuesta a los gravámenes del 50% impuestos por la Unión Europea al whiskey estadounidense, una medida que llegó en represalia a los aranceles contra el acero y el aluminio europeos. La amenaza está también en suspenso por 90 días, igual que los aranceles 'recíprocos', pero la preocupación es máxima en el sector, ya que el 20% de las exportaciones de vinos europeos acaba en el mercado estadounidense.

El mayor daño se lo llevarán los pequeños importadores y distribuidores, minoristas y la restauración, que son los responsables de hacer llegar el vino a los consumidores estadounidenses. Estos intermediarios van a tener que elegir entre absorber ellos el ascenso del precio para amortiguar el golpe o traspasarlo al consumidor final, con el riesgo de perder algunos de ellos y, por tanto, perder dinero en cualquier caso.

Sanciones a Venezuela

Como parte de su campaña de presión contra el régimen bolivariano, la Administración Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a los países que compren petróleo venezolano. En paralelo ha notificado a Repsol y otras compañías internacionales asociadas con PDVSA la cancelación de sus permisos para exportar crudo y derivados desde el país latinoamericano. En 2024 Repsol produjo una media de 67 millones de barriles al día en Venezuela, donde cuenta con una exposición patrimonial de 504 millones de euros.

La Administración estadounidense lo ha justificado alegando que Venezuela ha enviado "a propósito y con engaños" a "criminales y asesinos" a EEUU, acusando directamente al régimen de Nicolás Maduro de representar una amenaza para la seguridad nacional. Mientras tanto, el Gobierno estadounidense se ha otorgado a sí misma la autoridad para deportar sumariamente a inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer a una banda callejera violenta basándose en poco más que si tienen tatuajes o han llevado ropa asociada a la organización delictiva.

Deportar a los inmigrantes irregulares

Las promesas para deportar a "millones de migrantes ilegales" fueron una de las piedras angulares de la campaña del republicano, que ha recurrido a una controvertida ley de 1798 para deportar sin garantías procesales a ciudadanos de "naciones enemigas" en "tiempos de guerra". De momento, sin embargo, esos planes avanzan con notable lentitud. Durante su primer mes en el cargo deportó a 37.600 personas, según el Departamento de Seguridad Interna, bastantes menos que los 57.000 que Biden deportó de media mensualmente en su último año de mandato.

Esa ralentización se explica en parte por el desplome de las aprehensiones en la frontera, que han caído al nivel más bajo de los últimos 25 años, en parte por el efecto disuasorio de las políticas del magnate. La otra cara de la moneda es que se ha doblado el número de migrantes detenidos en centros de internamiento. La Casa Blanca insiste en que está priorizando la deportación de migrantes con un historial delictivo, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian que algunos no tenían antecedentes.

Centenares de personas han sido enviadas a Guantánamo o a las prisiones de Nayib Bukele en El Salvador, ignorando la orden de un juez que prohibió esas deportaciones, en un acuerdo que los dos mandatarios escenificaron recientemente con un apretón de manos en la Casa Blanca. También se está arrestando a estudiantes y profesores que se han significado contra el "genocidio en Gaza". Los tribunales han impugnado algunas de esas medidas, por lo que siguen los litigios legales.

Anexión de Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá

La extensión de EEUU más allá de sus fronteras, incluyendo Groenlandia, el Canal de Panamá e incluso la anexión de Canadá es parte de la agenda imperialista del magnate para su segundo mandato. También en Gaza, para lo que trabaja mano a mano con Israel, tratando de deportar a la población palestina.

Todo ello parece improbable de momento, pero la Administración dio este 10 de abril un paso importante respecto a Groenlandia. La Casa Blanca presentó un plan formal, que moviliza a varios departamentos del gabinete y prioriza la "persuasión" respecto a la imposición. Pero el objetivo es el mismo: adquirir la isla ártica, actualmente territorio de Dinamarca, que insiste en que no está a la venta. Esta medida llega poco después de una polémica visita del vicepresidente JD Vance al territorio, que celebró recientemente elecciones, todo ello animando el sentimiento nacionalista de Groenlandia.

Respecto a Panamá, Trump pidió hace unas semanas al Pentágono que prepare "opciones" para incrementar la presencia de tropas estadounidenses en la región con el fin de "reclamar" eventualmente el Canal, según NBC News. Mientras, en Gaza el magnate trabaja mano a mano con Israel para tratar de deportar a la población palestina del enclave como primer paso para 'heredarlo' y convertirlo en un resort de explotación estadounidense, "la Riviera de Oriente Próximo", en palabras del propio Trump.

Derogar las políticas de género y diversidad

Las políticas para promover la diversidad, equidad e inclusión (DEI), de raza y de género, se han convertido en una lucha simbólica de la Administración Trump. Esas políticas servían para proteger a las minorías o garantizar el cumplimiento de los derechos básicos, pero la actual Casa Blanca lo interpreta como discriminación de la cultura 'woke', de la que ve al hombre blanco y al modelo tradicional de familia como principal perdedor.

Para acabar con estas políticas, Trump ha ordenado desmantelar todos los programas DEI en el seno del Gobierno y despedir a los funcionarios que trabajaban en ellos, y amenaza con dejar sin fondos públicos a colegios y empresas que mantengan estos programas. El último movimiento ha sido la retirada de 2.000 millones de dólares en financiación para la Universidad de Harvard, después de que esta se negara a someterse a tales peticiones presidenciales. La misma suerte han seguido numerosos centros educativos entre los que se encuentran instituciones tan prestigiosas como Columbia o Princeton.

Recortes de funcionarios

Los despidos ya ascienden a 216.215 entre los empleados públicos de EEUU. El bautizado como Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk sin supervisión alguna del Congreso, se está encargando de reducir el tamaño de la Administración Pública, como prometió Trump durante la campaña para "obliterar totalmente al Estado profundo" y reducir los costes de la burocracia. Pese a los ahorros prometidos a los contribuyentes, los salarios y prestaciones del personal federal sólo representan el 4,3% de los 6,3 billones de dólares del presupuesto federal, según la Oficina Presupuestaria del Congreso de EEUU.

Algunos de los brazos gubernamentales se enfrentan a demantelamientos totales, incluido el Departamento de Educación y la Agencia Internacional de EEUU para el Desarrollo (USAID) o la Voz de América. En algunos departamentos, el llamamiento a bajas incentivadas (con indemnización) ha tenido tanto éxito que puede causar problemas mayores para que la Administración siga siendo operativa: unos 22.000 empleados del Servicio de Impuestos Internos (IRS, el equivalente a la Hacienda española) se han apuntado a la última oferta de dimisión, en plena temporada de la declaración de la renta. Otras agencias fuertemente impactadas son los departamentos de Agricultura, Defensa, Energía, Vivienda y Desarrollo Urbano y Transporte. Muchos de los despidos han sido impugnados en los tribunales.

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