Pulso legal
El Supremo de EEUU mantiene el veto que impide a Trump usar una ley de guerra para deportar a venezolanos
El bloqueo permanecerá vigente mientras un tribunal inferior examina las alegaciones presentadas por migrantes y defensores de los derechos humanos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / EP
EFE
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este viernes mantener el bloqueo que impide al presidente, Donald Trump, utilizar la ley de Enemigos Extranjeros, una legislación usada en tiempos de guerra, para deportar a migrantes venezolanos a los que acusa de ser criminales.
El alto tribunal estipuló que el bloqueo permanecerá vigente mientras un tribunal inferior, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, examina las alegaciones presentadas por migrantes y defensores de los derechos humanos.
En su red social, Truth Social, el presidente de EEUU criticó la decisión judicial. "¡La Corte Suprema no nos permitirá sacar a los criminales de nuestro país!", dijo en un mensaje escrito todo en mayúsculas.
La Administración de Trump había pedido el martes al Supremo que le permitiera reanudar la expulsión de más de 200 migrantes venezolanos que están retenidos en un centro de detención de Texas y a quienes acusa de ser miembros de la banda criminal del Tren de Aragua.
El Gobierno republicano ha intentado invocar la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, diseñada para tiempos de guerra, para acelerar los procesos de deportación, argumentando que Estados Unidos sufre una "invasión", pero ha habido una disputa legal al respecto.
El pasado 19 de abril, el Supremo ya frenó la deportación de un grupo de migrantes que el Gobierno pretendía expulsar en virtud de esa ley.
Estados Unidos tiene un acuerdo con el Gobierno de El Salvador para utilizar la cárcel de máxima seguridad del país centroamericano, el Cecot, para encarcelar allí a migrantes detenidos en territorio estadounidense.
El Gobierno de Trump ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua, pero según sus familias y análisis independientes, la gran mayoría no tiene antecedentes penales.
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