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Guerra en Ucrania

Rusia crea una red de exmilitares colombianos para llevar a cabo atentados en Europa

Dos ciudadanos del país latinoamericano han sido ya condenados en Chequia y Rumanía, mientras que un tercero, que "posee pasaporte ruso" y se le considera como el organizador del grupo, espera a ser extraditado a Lituania, revela la cadena Caracol desde Bogotá

Incendio de un centro comercial en Varsovia el pasado año atribuido a Rusia.

Incendio de un centro comercial en Varsovia el pasado año atribuido a Rusia. / Redacción

Marc Marginedas

Marc Marginedas

Barcelona

Rusia, cuyas operaciones de inteligencia en Europa quedaron muy mermadas tras la masiva expulsión de diplomáticos nacionales al inicio de la invasión de Ucrania en 2022, está subcontratando en ciudadanos de Latinoamérica las actividades de desestabilización y sabotaje que lleva a cabo en territorio de la UE. Sus servicios de inteligencia han reclutado "sistemáticamente a través de aplicaciones y de la red social Telegram" a numerosos ciudadanos colombianos a tal efecto, creando una extensa red de saboteadores gestionados "mediante intermediarios" desde Moscú. Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo de investigación de Noticias Caracol, dirigido por el periodista Ricardo Calderón, tras culminar largas pesquisas de varios meses de duración.

Dicho alistamiento de espías y saboteadores por parte del Kremlin, no solo no constituye "un hecho aislado", sino que más bien se trata de un patrón, señala la información difundida por la cadena colombiana. Y así lo demuestran los recientes arrestos de tres ciudadanos colombianos, Gonzalo de Jesús Ramos, Alfonso de la Hoz y Luis Alfonso Murillo, tanto en territorio colombiano como en países de Europa del este.

Alfonso de la Hoz fue capturado en la República Checa el pasado año, acusado de haber incendiado tres autobuses de transporte público en Praga y haberlo grabado con su móvil para luego transmitir las imágenes a su mentor. El sospechoso se declaró culpable un año después ante un tribunal en Praga, que lo condenó a ocho años de prisión. Según la resolución judicial, De la Hoz recibió las instrucciones a través de Telegram por agentes rusos y le fue ofrecida una suma de 3.000 dólares por sus ataques. Pero ahí no acaban sus deudas con la justicia europea: Polonia le acusa ahora de llevar a cabo dos ataques incendiarios contra almacenes en su territorio, y si es hallado culpable, se arriesga a una pena suplementaria de 10 años de prisión.

Rumanía también

Alfonso Murillo, por su parte, fue detenido el pasado diciembre, acusado de recabar datos de inteligencia para llevar a cabo atentados incendiarios contra "lugares estratégicamente importantes" de Rumanía siguiendo las instrucciones de "un ciudadano residente en la Federación Rusa", siendo condenado en primera instancia el pasado junio a seis años de prisión. Los investigadores del Servicio de Inteligencia (SRI) y del Directorio de Rumanía para Investigar el Crimen Organizado y el Terrorismo (DIICOT) han averiguado que había recibido entrenamiento militar en Colombia, especializándose precisamente en la recogida de datos de inteligencia.

Pero el evento que permite deducir la existencia de una red organizada y controlada desde Rusia fue el arresto de Gonzalo de Jesús Ramos en la Terminal Metropolitana de Transportes de la localidad colombiana de Barranquilla, el pasado julio, debido a una alerta roja emitida a través de Interpol por la justicia de Lituania. Del pliego de acusaciones se deduce que este sospechoso ejercía la labor de jefe y reclutador del grupo, ya que está acusado de "creación de grupo organizado terrorista y su dirección, participación de actividades de un grupo terrorista organizado, tentativa de cometer un acto terrorista y financiación de actos terroristas". Se sabe que salió de Moscú, y que había pasado por Lituania, Noruega y España antes de recalar en su país de nacimiento.

Lo más rocambolesco de la historia apareció cuando se supo, gracias a una carta "muy urgente" emitida por la Embajada de Rusia en Bogotá, que en realidad, el sospechoso, nacido en la localidad de Soledad, en el departamento de Atlántico, se trata de un ciudadano ruso, al que las autoridades consulares rusas exigían acceso, una protección habitual que el país de Putin garantiza a sus espías para evitar que den información a sus interrogadores. En la misiva, la legación no descarta que se trate de una "detención ilegal" y exige a la justicia colombiana que se respeten sus derechos como ciudadano ruso, mientras el Tribunal Supremo colombiano decide acerca de su extradición. Eso sí, la legación no ha querido proporcionar información de cuándo y en qué circunstancias accedió a la nacionalidad rusa. "¿Cómo un joven nacido en la costa colombiana terminó en semejante lío de espionaje internacional?", se pregunta, alarmado, el reportero Calderón.

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