Trump enfurece a demócratas y republicanos al firmar una orden ejecutiva que prohíbe a los estados regular la inteligencia artificial

Donald Trump vuelve a maniobrar para proteger a los gigantes de la inteligencia artificial. El presidente de los Estados Unidos ha firmado este jueves una polémica orden ejecutiva que bloquea las leyes estatales que pretenden poner límites al despliegue de esta tecnología, un golpe a la regulación que ha indignado tanto a demócratas como a republicanos y que supone una gran victoria para los esfuerzos de la industria digital.

Como ya había adelantado el lunes que haria, Trump ha decidido vetar el mosaico de proyectos legislativos impulsados por los Estados para unificarlos en una única normativa federal. Eso era algo que reclamaban grandes empresas de IA como OpenAI, Google, Meta, Anthropic o xAI. La creadora de ChatGPT y fondos de capital riesgo como el de Andreessen Horowitz, aliado de Trump, han presionado a la administración para que sepulte las regulaciones estatales.

"Tiene que ser una fuente, no puedes tener que ir a 50 fuentes diferentes", ha dicho Trump a los periodistas en el Despacho Oval durante el acto de la firma.

En esas declaraciones Trump también ha repetido otro argumento con el que ha hecho lobby a favor de esta normativa Silicon Valley, que ha convencido al presidente de que las regulaciones estatales representaban una desventaja de Estados Unidos frente a la competición con China, donde solo hay un poder centralizado. " China tiene un solo voto y es el presidente Xi (Jinping)", ha dicho Trump. "Él dice 'hacedlo' y no hay más que decir".

Los mensajes de este jueves hacían eco al que ya compartió el lunes en su plataforma Truth Social. "En este momento de la carrera, estamos ganando a TODOS LOS PAÍSES, pero eso no durará mucho si tenemos 50 estados, muchos de ellos malos actores, involucrados en las NORMAS y el PROCESO DE APROBACIÓN... ¡LA IA SE VERÁ DESTRUIDA EN SU INFANCIA!", había lamentado entonces en ese mensaje. "No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo. ¡ESO NUNCA FUNCIONARÁ!".

Coacción contra los Estados

La orden ejecutiva ha acabado confirmando el contenido de un borrador que el mes pasado circuló en Washington que incluía varias medidas de coacción contra los estados que han regulado la IA. El texto final, como se adelantó, acaba dando 30 días a la fiscal general para crear un grupo de trabajo que se dedicará específicamente a retar la legislación estatal que no sea consistente con la orden. También da al secretario de comercio 90 días para identificar qué leyes se pueden llevar a los tribunales.

Los estados con regulación que se dictamine como restrictiva con la IA van a ver además eliminada su capacidad de obtener subvenciones federales de varios programas, incluyendo uno establecido para asegurar la conexión de banda ancha. Comercio tiene también 90 días para hacer públicas las condiciones que se ponen para seguir podiendo acceder a esas ayudas.

Con este golpe, Trump maniobra para defender los intereses de los gigantes tecnológicos que protagonizan el auge de la llamada IA generativa, un desarrollo que está impulsando una economía estadounidense que, de otro modo, sería mucho más lenta y susceptible a la recesión.

Ese balón de oxígeno para Silicon Valley es, además, un revés al escrutinio público de una industria cuyo impacto social, económico y medioambiental no para de crecer. Una coalición de más de 230 grupos ecologistas pidió este lunes al Congreso paralizar la construcción de nuevos centros de datos en el país, una infraestructura extractivista crucial para la IA que está tensionando el acceso de los vecinos al agua y la energía. Los precios de la electricidad doméstica han aumentado un 13% bajo el mandato de Trump. Al menos 16 proyectos han sido cancelados o pospuestos debido a la oposición local. Ambos datos son un peligro para el presidente.

Oposición demócrata y republicana

La orden ejecutiva también ha despertado la indignación de tanto demócratas como republicanos. Líderes estatales de ambos partidos, desde California a Florida, han exigido establecer medidas para limitar el impacto de la IA, prohibir la creación de deepfakes políticos o sexuales y garantizar la protección de la privacidad de los ciudadanos. Ante la falta de una normativa federal, los 50 estados han presentado cerca de mil proyectos de ley para regular la IA y 100 de las normas han recibido luz verde en 38 de los estados, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

David Sacks, zar' de la IA y las criptomonedas de la Casa Blanca, ha dicho este jueves en el acto de firma de la orden ejecutiva que el gobierno planea mantener las leyes que protegen la seguridad de los menores pero perseguir la legislación estatal que se considera demasiado costosa. Y de momento la realidad es que el decreto de Trump pretende que quede en vigor legislación federal mucho más laxa que las regulaciones aprobadas por los estados.

A principios del verano, el Senado estadounidense había rechazado por 99 votos a favor y tan solo uno en contra una iniciativa con la que Trump quería prohibir durante 10 años la regulación estatal de la IA. En noviembre volvió a intentarlo al pedir al Congreso que añadiese esa cláusula a un proyecto de ley de defensa, pero la propuesta chocó con la oposición tanto de legisladores como de fiscales generales estatales.

Brecha MAGA

La orden de Trump pone también a prueba la lealtad de los miembros del movimiento nacionalpopulista MAGA que llevan meses denunciando la desregulación de la IA. "Sacks (el zar de IA Trump) ha fracasado estrepitosamente dos veces en su intento de imponer la amnistía de la IA en una legislación que debía aprobarse, y ha convertido el concepto en algo tóxico", ha criticado el exestratega trumpista y gurú de la extrema derecha Steve Bannon en un mensaje compartido con The Wall Street Journal. "La orden ejecutiva arrastrará ese hedor".

La negativa ha llevado al presidente a saltarse el proceso democrático, de nuevo, para convertir su voluntad en ley a golpe de orden ejecutiva. Ahora, el veto de la Casa Blanca podría llegar a los tribunales, y es que expertos legales aseguran que Trump no tiene autoridad legal para intervenir en las leyes de los estados, una autoridad que recae en el Congreso.

Entre las leyes estatales que el decreto de Trump puede intentar frenar están una de California que obliga a las empresas de IA a hacer público qué pruebas de seguridad hacen a sus nuevos modelos y otra de Colorado que obliga a quienes usan IA a la hora de hacer contrataciones a estudiar el riesgo de discriminación de los algoritmos y a tomar precauciones para evitarlo.

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