El rechazo a los centros de datos sacude la campaña de las elecciones legislativas de EEUU

Estados Unidos se ha convertido en el laboratorio tecnológico donde nacen nuevas formas de inteligencia artificial (IA) y, ahora, también en laboratorio de su rechazo social. Lo que empezó como protestas locales de vecinos contra la instalación en sus comunidades de los llamados centros de datos —gigantescas naves industriales que albergan servidores, sistemas de almacenamiento y redes informáticas para hacer funcionar herramientas como ChatGPT— se ha transformado en cuestión de meses en un fenómeno de alcance nacional. Los centros de datos han dado forma física a la IA y al escepticismo que despierta.

"La magnitud de los proyectos, un coste económico evidente y un culpable fácilmente identificable. Esa combinación es la que ha convertido lo que normalmente serían docenas de conflictos locales inconexos en una única ola nacional", explica a EL PERIÓDICO Daniel Aldrich, profesor de Northeastern University, en Boston.

Ese salto de lo local a lo nacional ha coincidido con la campaña para las elecciones legislativas de medio mandato, que se celebran el 3 de noviembre. Lo inesperado es que el rechazo ha llevado a dirigentes de derecha e izquierda a defender la misma causa: poner freno a los centros de datos, desde el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hasta el senador Bernie Sanders, una de las figuras más progresistas de Estados Unidos.

Esta "coalición improbable", como la llama Aldrich, "trasciende la ideología" y recurre a agravios habituales de ambos partidos: la izquierda vincula estos proyectos con la concentración de poder corporativo y la hipervigilancia; la derecha populista denuncia a las grandes tecnológicas como una élite alejada de los intereses de la clase trabajadora a la que apela la base trumpista.

Subida de la factura energética

El resultado, por ahora, se parece en Nueva York y Texas, bastiones demócrata y republicano, respectivamente, que han puesto freno a la fiebre de las infraestructuras de la IA. Nueva York ha impuesto una moratoria de hasta un año a nuevos permisos para centros de datos mientras desarrolla un marco regulatorio. Texas, por su parte, ha paralizado nuevas interconexiones a la red mientras audita los proyectos pendientes, pausando, de facto, la construcción de nuevos centros de datos.

Hay una cuestión en la que progresistas y conservadores coinciden: "Los ciudadanos no deberían pagar en su factura eléctrica los costes adicionales asociados a satisfacer esa demanda. Eso es muy bipartidista", explica a este diario Alexandra Klass, codirectora del programa de Derecho Medioambiental y Energético de la Universidad de Míchigan.

El temor es que el fuerte aumento de la demanda energética encarezca la electricidad. Un centro de datos típico orientado a IA puede consumir tanta electricidad como 100.000 hogares, según la Agencia Internacional de la Energía, y esa nueva carga puede exigir nuevas centrales y redes de transmisión. Además, si la burbuja de la IA termina desinflándose, surge otro riesgo a largo plazo: que las eléctricas construyan infraestructuras para una demanda que no se materialice y los consumidores paguen más hasta que las energéticas amorticen la inversión.

A ello se suma un creciente resentimiento por los incentivos que estados y administraciones locales han ofrecido durante años para atraer estos macroproyectos. Las exenciones fiscales son uno de los principales incentivos para atraerlos, pese a que los ingresos tributarios son una de las pocas contrapartidas para los municipios, dado el escaso empleo que generan. A medida que crece el rechazo, cada vez más voces preguntan: "¿Por qué estamos dando todos estos beneficios económicos a los centros de datos? Ni siquiera los queremos", dice Klass.

En las zonas golpeadas por la pérdida de industria, el dilema genera discrepancias. "Para esas localidades, esto podría ser una especie de salvavidas", explica James Coleman, profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota. El estado, con una larga tradición minera del hierro, ha sufrido una fuerte caída del empleo y de la extracción en las últimas décadas. Coleman apunta que en algunas regiones se puede aprovechar la infraestructura eléctrica existente y así evitar que eso implique facturas más altas. Añade que, según la aportación fiscal que negocie el municipio o el condado, esos ingresos pueden financiar mejoras en escuelas, parques de bomberos y otros servicios básicos.

Rechazo a la IA

El argumento económico ha dejado de ser suficiente para muchos. Incluso si una comunidad puede beneficiarse del proyecto y controlar sus costes, el rechazo persiste por lo que representa esa infraestructura. "Va más allá de lo puramente económico o ambiental", sostiene Coleman. "Aunque traiga dinero, y aunque vayan a existir los centros de datos participe yo o no, una comunidad puede decir: simplemente no quiero formar parte de esto por mis preocupaciones sobre la inteligencia artificial". Entre ellas, el temor a que la IA destruya empleos o empeore la educación de sus hijos.

Este nuevo clima político ha dejado entre la espada y la pared a los candidatos a las elecciones legislativas de noviembre. "Los políticos quieren esa industria y ese desarrollo, pero también quieren asegurarse de que residentes y contribuyentes no se vean perjudicados en sus facturas energéticas", resume Klass.

A quienes esperan que el enfado público se disipe, como suele pasar en las protestas locales, Aldrich les advierte de que este no va a ser el caso: "Lo diferente aquí es que las facturas de electricidad son mensuales, visibles y universales", resume. Y si suben por culpa de un centro de datos, la gente seguirá protestando y organizándose.

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