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El próximo domingo 20 de junio Colombia elegirá a su nuevo presidente que relevará a Álvaro Uribe después de dos legislaturas. Colombia, que vive un conflicto armado desde hace décadas, se enfrenta a varios desafíos, entre ellos las violaciones sistemáticas de derechos humanos y el desplazamiento forzado de su población. Colombia es el segundo país del mundo en número de desplazamientos forzados. La población desplazada interna roza los 4 millones de personas y en el 75 por ciento de casos son mujeres, niñas y niños quienes se ven obligados a abandonar sus hogares por la fuerza de las armas y la violencia. En 2009, un total de 32 defensores de derechos humanos fueron asesinados según el último informe del programa de protección "Somos Defensores" que señala que otras 142 personas sufrieron amenazas, atentados y detenciones arbitrarias.

La Mesa de Apoyo: Derechos Humanos de las mujeres y paz en Colombia, que se constituyó en Valencia hace ahora tres años y que actualmente conforman más de una veintena de organizaciones de mujeres y derechos humanos en España y en Colombia, entre ellas las de mayor representatividad en el país latinoamericano, insta a los candidatos a la presidencia del país a que garanticen un proceso de paz que conduzca a la justicia social y de género. Las líderes y defensoras de derechos humanos señalan que aunque se pretende demostrar que se ha avanzado en mecanismos de protección y de igualdad entre hombres y mujeres la realidad demuestra lo contrario, y afirman que el actual escenario político colombiano ha recortado los programas sociales así como los mecanismos de participación del movimiento de mujeres que ha visto mermadas las conquistas alcanzadas en décadas anteriores. .

La Mesa de Apoyo a los Derechos Humanos de las mujeres y la paz en Colombia manifiesta que la amenaza, la siembra del miedo y del terror en quienes se atreven a plantear alternativas viables y a defender la plena ciudadanía de las mujeres son prácticas habituales en Colombia y denuncia que en los últimos meses se han incrementado las amenazas contra las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos de las mujeres como es el caso de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indigenas (Anmucic), Sisma Mujer, las mujeres que pertenecen a la Mesa Nacional de Desplazadas, la Liga de mujeres de Cartagena y la organización Femenina Popular.

La Anmucic reseña como caso especialmente grave la judicialización y amenaza permanente a la que ha sido sometida la líder indígena Adida Quilcué, que no puede salir de casa sin acompañamiento, así como la de otras líderes de organizaciones populares y sociales del país por parte principalmente de grupos paramilitares.

También la Corporación Sisma Mujer que pertenece a la Mesa de Apoyo ha denunciado que la misma organización y unas 90 defensoras de derechos humanos, así como organizaciones que hacen parte del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia han sido declaradas objetivo militar y amenazadas de muerte. Han sido señaladas por la organización paramilitar Águilas Negras como patrocinadoras de las FARC y obstaculizadoras de las políticas del gobierno colombiano.

De las personas amenazadas algunas ya han sido víctimas de ataques contra su integridad personal y libertad sexual. Un número importante de organizaciones a las que se dirigen las amenazas se dedica a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en situación de desplazamiento.