26 de febrero de 2013
26.02.2013

LasONGafirmanquelareforma de la administración local pone en peligro los derechos sociales

Las entidades temen que se eche a perder el importante esfuerzo económico y solidario realizado por los ayuntamientos en los últimos años

26.02.2013 | 01:22

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España ha denunciado que la reforma de la administración local proyectada por el Gobierno limitará el ejercicio de derechos de las personas, salvo que se introduzcan modificacones en el trámite parlamentario. Para la entidad que agrupa a las ONGD, "los servicios prestados a nivel local tan fundamentales para la ciudadanía como la educación, la salud, las políticas de igualdad, juventud o empleo, el acceso a centros de día para la tercera edad, la atención a mujeres maltratadas o las iniciativas solidarias con los países más empobrecidos se encuentran seriamente amenazados".
Para las ONG españolas, la política de cooperación al desarrollo -que a nivel estatal y autonómico ha sufrido drásticos recortes que llegan hasta el 80%- se encuentra también en esta situación. "A pesar de que muchos ayuntamientos han hecho un importante esfuerzo en los últimos años por consolidarla como expresión de la solidaridad local y medio de transformación social, esta reforma podría cortar con una trayectoria de cooperación local de más de 20 años, paralizando procesos de desarrollo que afectan a miles de personas en los países con los que se trabaja", afirman.

Límitaciones a los consistorios
Las ONG nacionales y autonómicas argumentan que el nivel municipal "es un ámbito privilegiado para el fortalecimiento democrático puesto que la cercanía entre ciudadanía y gobierno facilita una respuesta más adecuada a las necesidades reales de la población y una mayor participación y control ciudadano de la gestión gubernamental". Así, el proyecto inicial del Gobierno "merma este valor añadido de la política local, limita las capacidades de los ayuntamientos a la hora de gestionar las políticas públicas, atenta contra la autonomía municipal y cuestiona la democracia participativa", ya que "elimina mecanismos que garantizan la participación ciudadana", según estas entidades.

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