Es muy triste, muy delicado, siendo condescendiente con el calificativo, que los tribunales levanten cualquier tipo de sospecha sobre sus actuaciones, sobre su forma de obrar, sobre sus decisiones, de tal manera que den lugar a ser cuestionadas por el administrado. Y este es el caso del Tribunal Constitucional. Al menos esta es la impresión que se refleja en gran parte de la ciudadanía. Cuando el gobierno está interesado en que las decisiones sean rápidas, de ya, de hoy para mañana, o sea a toque de corneta, el pronunciamiento del tribunal, poniéndose raudo al trabajo a cualquier hora y en cualquier momento del día y día de la semana, formalizan su dictamen en corto espacio de tiempo, en días incluso en horas.
Pero cuando la decisión del Constitucional puede ser una bofetada al gobierno; pero que contrariamente es de un interés extremo para el estado, para las arcas públicas, para el bolsillo del contribuyente, para el pueblo en definitiva; el dictamen, el fallo, se hace esperar años. Porque así ocurrió con la decisión del alto tribunal en el caso de la amnistía fiscal del gobierno de Rajoy, del ministro Montoro. Cuando el Constitucional se pronunció sobre el particular, cinco años después de la interposición del recurso de inconstitucionalidad, el delito de los defraudadores del fisco había prescrito.
¡Cinco años para declarar nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 marzo, que permitía salir de rositas a unos delincuentes (siempre presuntos, no te jode)! ¿Acaso no suena a paripé, a burla al pueblo por parte de la justicia, la tardanza del Constitucional en pronunciarse sobre el miserable hecho del gobierno de beneficiar a unos cuantos escogidos privilegiados? ¡Y pretenden hacernos creer en la separación de poderes! Cuando en estos últimos tiempos la vicepresidenta del gobierno trata como éxito del gobierno las decisiones de los tribunales. Antonio Giménez López. València.
