Nuestra ministra de Educación, la socialista Isabel Celaá, lo tiene más que claro: «Los hijos no pertenecen a los padres». Por eso, será este Gobierno progresista el que ejercerá la patria potestad por mandato legislativo, y también judicial, y velará con un «amor de Estado» por que los derechos de los menores no sean menoscabados por sus padres; esos seres interesados que solo buscan su propio bien y jamás el de los hijos que han parido. Olvidan los miembros de este Gobierno, quizá por poco instruidos o por ser desconocedores de lo que pasa en la vida real, que a todo derecho se le ha de vincular un deber. Y así, si la ministra progresista se arroga el derecho de educar a nuestros hijos, también deberá asumir todas las responsabilidades económicas, laborales y demás que vienen asociadas a la crianza de la prole. O todo o nada. ¿No lo cree justo, señora Celaá? ¡Cómo añoran algunos progresistas de nuevo cuño el régimen comunista de la antigua URSS!
