Si algo es evidente, y más aún en los tiempos que vivimos, es que los avances de cualquier índole van de la mano al surgimiento de nuevas, y cada vez más diversas crisis sanitarias. Así, nos encontramos en un contexto de quebrantamiento de nuestras costumbres cotidianas marcada por el nuevo virus COVID-19, de procedencia incierta.

Así pues, España ha tenido que lidiar con varias crisis sanitarias hasta el momento, tales como el síndrome tóxico, la contaminación por dioxinas, la meningitis, la legionelosis o más recientemente el brote de listeriosis. Si algo han tenido en común todas ellas, es que su gestión no es sólo técnica, sino que su desarrollo recae en gran importancia a nivel político y de información y comunicación al ciudadano, gestión que puede hacer perder a los humanos un conflicto contra un enemigo invisible.

El Gobierno de turno debe dedicar buena parte de su trabajo en el cometido comunicacional, ya que nos vemos inmersos en una situación de incertidumbre y desconocimiento en que se pone en jaque el funcionamiento del sistema democrático y se pueden ver alterados nuestros patrones de cultura y de comportamiento políticos. Es por ello que la transmisión de comunicación sea la clave de bóveda para no perder la confianza en el ejecutivo. En el caso español, este punto no está falto de polémica solo por la falta de transparencia en su gestión, sino por la mala contabilización de las víctimas y por la duda sobre la profesionalidad del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

En efecto, esta crisis supondrá un punto de inflexión en nuestro comportamiento político, no solo por los cambios estructurales que amenazan al sistema democrático actual tal y como lo conocemos, sino porque causa de ello viene de la mano de determinados sectores sociales más vulnerables, como ahora niños y ancianos, en que sus reacciones emocionales y mentales son claves para entender el futuro del nuestro sistema.