Mi esposa sufrió un ictus cerebral hace dos años. Se está medicando y mantiene consultas periódicas con su neurólogo de la compañía Adeslas, que es la atención médica oficial que le corresponde. La primera notificación para que se vacunara la recibió aproximadamente hace un mes, ya que su edad es de 65 años y se le iba a administrar AstraZeneca. Su neurólogo le cumplimentó un informe en el que no se aconsejaba que se administrara esta vacuna y se reemplazara por otra. Cuál fue su sorpresa cuando el día de su cita, nadie consideró el informe del neurólogo y le informaron que cumplimentaban su ficha con la palabra ‘renuncia’ y que si quería alguna aclaración acudiera a su centro de salud. Allí simplemente se le dijo que le volverían a llamar.

A las dos semanas fue requerida nuevamente a ser vacunada con AstraZeneca y al mostrar el informe neurológico no recibió respuesta alguna, simplemente que «alguien» ya le diría «algo», encontrándose en estos momentos en esa situación. ¿Tan difícil es que esta casuística, que responde a antecedentes graves de trombosis cerebral, se pueda solucionar administrándoles a las personas otro tipo de vacuna que no sea AstraZeneca, para evitar consecuencias nefastas de las que luego, no se responsabilizará nadie? ¿Tan inhumanos nos hemos convertido que priman los intereses económicos y políticos por encima de la consideración de las personas? Espero que se puedan atender las necesidades médicas de un gran número de ciudadanos que viven pendientes de ser vacunados, teniendo presente sus antecedentes médicos.