Tras lo que hemos pasado con la pandemia desde principios del pasado año; con un asunto tan delicado, que ha causado tanto contagio y que ha dejado tanto infectado con secuelas importantes para el deterioro de su salud, y lo que es más duro e importante, tantas vidas perdidas (en marzo 2020 murió a causa del #Covid_19 una excelente amistad con 61 años de edad cuyo fallecimiento lloré); ahora llega un tribunal, el Constitucional que, auspiciado por mentes a las que me atrevería a calificar como deterioradas, cuestiona las medidas tomadas por el Gobierno para evitar el contagio universal y dice que la implantación del estado de alarma fue inconstitucional. Y no voy a entrar en si el Gobierno español, como tantos otros, cometió errores en la aplicación de las medidas y en los tiempos de aplicarlas. Pero no, el Tribunal Constitucional, más político que jurídico, dice, 6 a 5, que la implantación del estado de alarma fue inconstitucional. Y lo dice un tribunal que en lo referido a la amnistía fiscal de Montoro tardó 5 años en emitir el fallo para finalmente declararla nula, o sea cuando ya habían prescrito los posibles delitos, millonarios éstos para las arcas públicas, de tanto delincuente, presunto claro, que salió de rositas, quedando impune el delito, posible claro, por la «tardanza» ¡del Constitucional! en tomar la decisión de nulidad. Antonio Giménez López. ToRRENT.
