Después de 14 años de incertidumbre, el Ministerio del Interior pretende transformar la fallida cárcel en un centro psiquiátrico penitenciario, pese al rechazo de los expertos en salud mental y su gran impacto medioambiental. La derogación de los llamados "manicomios" se llevó a cabo con la Ley de Sanidad de 1986, y un modelo de cárcel de estas características se acerca más al sistema que conocíamos en aquel entonces. Sin embargo, en la localidad valenciana de Siete Aguas, reúne todas las papeletas para albergar el futuro proyecto de cárcel. Las instituciones gubernamentales tan sólo se han pronunciado al respecto, dejando de lado a las más de 200 entidades de salud mental que rechazan el centro. Por otro lado, tampoco se ha tenido en cuenta el gran impacto medioambiental que supone un centro de estas características, dejando en riesgo cerca de 400 especies protegidas en el paraje de "El Campillo". En un primer Estudio de Impacto Ambiental, se remarca reiteradamente que las condiciones climatológicas que reúnen esos terrenos son inviables para su proyección, teniendo en cuenta detalles como el gran patrimonio natural que conserva y el riesgo extremo de incendios forestales. En un segundo Estudio de Impacto Ambiental a petición de los beneficiados, sale favorablemente de una forma sospechosa, con la gran minucia de que carece de datos extremadamente relevantes en el proceso de aceptación del proyecto. Hasta el momento, las Corts Valencianes habían aprobado una proposición contra su construcción, pero instituciones como El Defensor del Pueblo ven una "propuesta positiva" pese a los contundentes argumentos que afean las entidades sociales.
